Diversas organizaciones civiles han realizado un trabajo colectivo y unen esfuerzos para la despenalización del aborto; exigen al Congreso del Estado discutir en el próximo periodo de sesiones las iniciativas para su legalización, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a conmemorarse hoy lunes, 25 de noviembre.
Los diferentes grupos de activistas pretenden visibilizar las barreras legales y sociales que enfrentan mujeres, hombres trans, personas no binarias y todos las que tienen la capacidad de gestar en la entidad para ejercer su derecho a decidir.
De acuerdo con estas agrupaciones, la penalización del aborto es una forma de violencia estructural que perpetúa la desigualdad y niega el acceso a servicios de salud seguros y dignos.
“A lo largo de estos años, la lucha por el derecho a decidir ha sido un trayecto largo, es una lucha que legalmente se ha iniciado en el país, ahora estamos cercanas a que pueda ser una realidad para Yucatán, confiamos en que nuestras (os) legisladores puedan tener la voluntad política y sobre todo respetar el derecho humano a poder decidir sobre el aborto”, indicó la activista Adriana Bautista Hernández.
“Hay varios contextos que nos permiten a las mujeres poder decidir, interrumpir un embarazo si así es nuestra decisión, por un lado, la despenalización legal es una opción y otra tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres puedan romper el estigma social y cultural que hay al respecto, así como en la sociedad. En ese marco, estamos reunidas tratado de continuar esta lucha y que aunque vamos a tener un gran momento cuando se despenalice, esa lucha se mantendrá”, agregó.
Para las organizaciones civiles, la despenalización del aborto representa una deuda histórica que se debe saldar de manera urgente y dejaron en claro que no darán ni un paso atrás hasta que se deje de criminalizar.
“Exigimos al Congreso del Estado discutir en el próximo periodo de sesiones las iniciativas para la despenalización del aborto en Yucatán, recordando que mantener el delito de aborto en el Código Penal del Estado perpetúa la discriminación basada en el género, así como vulnera el derecho a decidir a la autonomía corporal y la vida digna de todas las mujeres, hombres trans, personas no binarias y todas aquellas con capacidad de gestar”, expresó María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), como parte del posicionamiento colectivo.
“A pesar de los avances logrados a nivel nacional y las sentencias emitidas por la SCJN que reconocen el derecho a decidir en Yucatán, persisten disposiciones que criminalizan el aborto. Esta situación no sólo vulnera los derechos, sino que además perpetúa los roles de género y refuerza las desigualdades estructurales que obstaculizan el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos”, añadió.
Cabe señalar que a partir de diversos diálogos entre organizaciones, colectivos y activistas, se ha construido una iniciativa para la despenalización del aborto en Yucatán, la cual se puso a disposición de la actual legislatura para su fortalecimiento y diálogo. De igual forma, se tiene conocimiento de otra ya existente.
“Sin embargo, ninguna ha sido presentada formalmente, en este sentido exigimos al Congreso favorecer las condiciones para una construcción colectiva de una sola iniciativa que de pie a la despenalización del aborto en Yucatán, la cual escuche las realidades de todas las personas con capacidad de gestar, desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos”, manifestó Balam Aguilar.
Las activistas destacaron que ha existido apertura y disposición por parte de representantes de las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN), en el legislativo yucateco.
