[vc_row][vc_column][vc_column_text]Con mucho recelo fue tomada la propuesta de que el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, ocupe el cargo de vicefiscal anticorrupción del Estado.
Sectores sociales pararon enseguida las antenas al conocerse el anuncio, porque consideran que no tiene el perfil adecuado e incluso consideraron que la propuesta es un “albazo” que “ofende”.
Por su parte, algunos empresarios consideraron que el titular de la Codhey tiene el perfil para ocupar el cargo, conocido coloquialmente como “zar anticorrupción”.
No es la primera vez que Goff Aillud genera polémica, pues en junio pasado declaró, que a pesar del número de feminicidios ocurridos hasta entonces, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) no consideraba necesario emitir una alerta de género.
‘Desafortunada’ propuesta
Sobre el hecho de proponer al ombudsman como “zar anticorrupción”, Adelaida Salas Salazar, representante local del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio que es “terrible, desafortunado”.
“¿Dónde queda la credibilidad del gobernador Rolando Zapata? Porque es un muchacho incapaz, sin experiencia, no tiene trayectoria, había otras muchas personas que cubren el perfil”, señaló indignada.
“Tal parece que el gobernador está como Peña Nieto con su fiscal carnal, cuando propuso a su amigo Virgilio”, agregó.
“El de la corrupción es un tema muy delicado, es uno de los principales problemas del país, y por la forma en que se hizo la propuesta no hay otra manera de llamarle que albazo, porque hoy lo propongo y mañana me lo aprueba el Congreso, fue a escondidas, no hubo tiempo para que la sociedad opinara, todo se hizo a modo”.
“Si como presidente de la Codhey no cumplió, mucho menos lo hará como vicefiscal anticorrupción”, sentenció.
Para la activista, no se trata de proponer solo porque la ley me obliga, y tampoco hay que buscar darle la vuelta a la ley proponiendo a alguien que me convenga.
“No debemos olvidar que el gobernador es nuestro empleado, que tiene que hacer lo que nosotros le ordenamos, por eso conforme se hagan bien las cosas nos dejarán de ver en la calle, en las plazas, pero mientras eso no ocurra vamos a continuar con nuestro activismo y señalando lo que está mal”.
Cerrazón a la sociedad
Al respecto, la coordinadora del Frente Cívico Familiar, Patricia McCarty Caballero, señaló que lo cuestionable de esta propuesta es la cerrazón hacia la sociedad y el secretismo, porque el gobierno hasta incurrió en el desacato para proponer a los candidatos y lo mínimo que pudo hacer es mandar una terna.
En su opinión, esta propuesta no se da en condiciones idóneas, es un proceso opaco y no deja de generar suspicacias para elegir al que tendrá la responsabilidad de combatir la corrupción.
“No es un personaje que haya levantado la voz contra la corrupción y en su desempeño en derechos humanos no ha combatido en la práctica las violaciones, más allá de los discursos”, manifestó.
“En su currícula disponible en internet no habla de que tenga experiencia en el combate a la corrupción. Las autoridades todavía no entienden que necesitan recuperar la confianza y ahora hacen esta propuesta a espaldas de la sociedad”.
Sin militancia partidista
Por su parte, el presidente de la Coparmex Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, consideró que Goff Ailloud cumple el perfil adecuado para ese puesto y uno de los factores a su favor es que no ha tenido militancia partidista ni una marcada inclinación por algún partido político.
Vicefiscal a modo
Para Blanca Estrada Mora, activista contra la corrupción, el Ejecutivo pretende tener a un vicefiscal a modo y aunque el gobierno no viola la ley al proponer a una sola persona, sí le llama la atención que el decreto de modificación a la Constitución y su reglamento sean en letras chiquitas, y que entre en vigor el 1 de octubre de 2018. Es decir, que el gobernador Rolando Zapata termina el 30 de septiembre de 2018 y ese decreto entrará en vigor al día siguiente.
Además, le parece sospechoso que el período de Goff Ailloud como presidente de la Codhey concluya en 2020, y si lo ratifican como vicefiscal anticorrupción ocupará el cargo 7 años, el mismo tiempo en que vencería su segunda gestión como ombusdman. Otra casualidad es que los delitos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que están vinculados con el castigo a la corrupción prescriben a los siete años. (Algunos extractos de esta información fueron tomados de Diario de Yucatán)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
