[vc_row][vc_column][vc_column_text]El pasado 11 de septiembre, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), reunido en sesión, aprobó el Calendario Electoral 2017-2018, en el que entre otros asuntos se determinaron los períodos oficiales que abarcarán las precampañas y las campañas electorales, siendo el primero de ellos del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero del 2018, y el segundo del 30 de marzo al 27 de junio de 2018.
Asimismo, en la propia sesión, se estableció que los precandidatos a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por sus respectivos partidos políticos, no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas y, por tanto, la violación a esa disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato.
Adicional a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, prohíbe incluir los nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público en la propaganda de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.
Por lo anterior, y ante los recientes y visibles acontecimientos conocidos por gran parte de la sociedad, el sector empresarial representado en el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CDE Yucatán), hace un atento y enérgico llamado a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y demás interesados, que legítimamente aspiren a un cargo de elección popular, a respetar puntualmente los plazos y tiempos establecidos por la autoridad electoral y erradicar de una vez por todas la nociva simulación, las argucias legales y la realización de acciones contrarias al espíritu de las leyes, como lo son el pago de carteleras espectaculares en diferentes puntos de la ciudad; el reparto de volantes y de cartas en múltiples domicilios particulares; la inserción de boletines pagados en medios de comunicación, entre otras muchas prácticas disfrazadas de comunicación social o de información, pero que claramente están encaminadas a su promoción, posicionamiento y beneficio personal para sacar ventaja del resto de quienes en su caso y llegado el momento podrían ser sus competidores en la contienda electoral, sin dejar de lado la sospecha fundada de dónde provienen los recursos económicos que se necesitan para poder llevar a cabo dichas acciones, a todas luces de simulación, que en caso de ser dinero público podría constituir la comisión de un delito.
De igual manera, hacemos también un respetuoso llamado a todas nuestras autoridades electorales a cumplir objetivamente su valiosa función ciudadana; a hacer valer su autonomía y no dejarse presionar por grupo, funcionario público o partido político alguno; a vigilar a los actores políticos e investigar oportuna y eficazmente cualquier queja o actividad contraria a las leyes de la que tomen conocimiento, y a aplicar sin distingos ni cortapisas las disposiciones aprobadas por ellos mismos, así como lo dispuesto en nuestra legislación electoral.
Los empresarios exigimos que quienes hoy en día desempeñan la alta responsabilidad de ser nuestras autoridades y/o quienes aspiran a continuar siéndolo o convertirse, pongan el ejemplo y sean los primeros en respetar los tiempos y plazos electorales expresamente establecidos, y la legislación y el estado de derecho que en nuestro país se necesita hacer valer ante tantos actos de ilegalidad e impunidad que lamentablemente a diario acontecen.
El importante proceso electoral en el que ya nos encontramos inmersos y que con el transcurrir de los días irá subiendo en interés e intensidad, hoy más que nunca demanda organismos y autoridades electorales fuertes y autónomos; actores políticos y funcionarios públicos responsables y respetuosos de las leyes, y ciudadanos participativos e informados, todos encaminados a consolidar, fortalecer y legitimar nuestro sistema democrático.
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