[vc_row][vc_column][vc_column_text]Para evitar que los mayas sean “extranjeros en su propia tierra”, integrantes de asociaciones civiles y organismos no gubernamentales vinculadas con las comunidades indígenas denunciaron las graves anomalías contenidas en el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), el cual fue considerado como el “promotor del capitalismo verde”.
Durante el evento efectuad, establecieron que son numerosas las irregularidades contenidas en dicho documento firmado por las autoridades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ya que en ningún momento fueron tomados en cuenta.
Tal el caso del cultivo de transgénicos, la deforestación para la instalación de empresas, la mega granja porcícola de Homún, e incluso, el convertir a las comunidades indígenas como “un atractivo turístico”.
A poco más de un año del establecimiento de dicho acuerdo firmado por las autoridades de estas tres entidades federativas, ya se obtuvo un amparo a favor de la población indígena, aunque “aún no se aplica la justicia”, ya que son numerosos los intereses que están de por medio, tanto de funcionarios como de empresarios y ONGs.
“Se promueve el comercio verde, el turismo verde, el mercado verde, pero más bien es promotor del capitalismo verde, el cual se mueve con billetes verdes (dólares estadounidenses)”, se estableció durante la conferencia de prensa.
El representante del Consejo Indígena de Bacalar, Quintana Roo, Juan Bautista Yeh Teh, aseveró que Monsanto, corporación agroquímica transnacional, pretende imponer el monocultivo de soya y maíz transgénico, pese las repercusiones que genera al medio ambiente y las diversas actividades que se desarrollan en la región.
Por lo pronto, cada uno de los Estados realiza diversos procedimientos jurídicos para evitar el manejo de semillas modificadas genéticamente, cuyo avance notable se registra en Campeche, Yucatán cuenta con un reglamento, y en el caso de Quintana Roo, recientemente tuvo su primer amparo.
Por su parte, Raymundo Espinoza Hernández, abogado defensor, comentó que el 20 de octubre de 2017, el Juez de Distrito emitió un dictamen en el cual se ampara y protege a los denunciantes, por lo que ordena que el Acuerdo sea modificado, por lo que se debe de poner un aparatado especial, en el cual se reconozca los derechos de los pueblos mayas.
“También ordena el establecimiento de la obligatoriedad de efectuar consultas a las comunidades indígenas que puedan resultar afectadas por los proyectos que el ASPY pretende fomentar, en beneficio de algunos empresarios.
Asimismo, Rusel Peba Ocampo, uno de los denunciantes contra ASPY, enunció las diversas anomalías que tiene dicho acuerdo, signado el 10 de diciembre de 2016.
En primer instancia, el documento no fue escrito en maya, por lo que es evidente la discriminación, nunca hubo una consulta previa a los pueblo es afectados, y ninguno de los tres gobiernos ha publicado el acuerdo en sus respectivo Diario Oficial.
“Como pueblo maya, sólo somos considerados como un atractivo turístico, al formar parte del paisaje biocultural de la Península”, subrayó.
Comentó que el ASPY contempla la reforestación de 250 mil hectáreas, para concluir en 2020, pero hasta el momento no inicia la respectiva labor, y lo peor de todo, se autorizaron grandes extensiones de terrenos para el establecimiento de empresas, tal el caso de granja porcícola de Homún y los diversos parques de generación de energía renovable, específicamente solar y eólica.
“Tan sólo en el parque de San José se desforestará 700 hectáreas de terreno, mientras que en Suma y Motul serán dos mil hectáreas, con la capacidad de ampliar a tres mil”, subrayó
En cuanto a la denuncia que interpuso en compañía de Pedro Uc Beh, en contra del ASPY, afirmó que el Juez Segundo del Distrito 2, con sede en Mérida, rechazó la respectiva querella “porque no somos mayas y vivimos en ciudades”.
Finalmente, Uc Beh reprobó los atropellos cometidos para el establecimiento de la mega granja porcícola de Homún, es especial, por parte del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro.
“El proyecto ambiental lo desarrollo una odontóloga y se le aprobó, por lo que Batllori Sampedro, con su doctorado en medio ambiente bien puede aplicar una endodoncia”, concluyó.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
