[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa que, en cumplimiento a las atribuciones que le han sido conferidas, sus Oficinas Centrales en la Ciudad de México atrajeron los procedimientos administrativos iniciados y derivados de las denuncias ciudadanas presentadas por el ilegal uso y explotación de cenotes por parte de prestadores de servicios turísticos en el municipio de Homún, Yucatán.
En atención a las denuncias ciudadanas presentadas ante la Delegación de la Profepa en Yucatán, se realizaron cinco visitas de inspección a prestadores de servicios turísticos en los cenotes Santa Rosa, San Antonio, Parador Turístico Santa Cruz, Balmil y Canunchen, en las que se detectaron obras y actividades que se desarrollaban sin contar con la autorización de Impacto Ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con el fin de evitar que se continuara generando riesgo de daño a los recursos naturales presentes en los cenotes inspeccionados, el pasado 21 de septiembre inspectores de la Profepa procedieron a clausurar las obras y actividades inspeccionadas, lo cual ocasionó inconformidad de los prestadores de servicios turísticos, quienes privaron de la libertad y retuvieron por espacio de algunas horas a los inspectores actuantes, condicionando su liberación al retiro de los sellos de clausura impuestos.
Ante ello, y con el firme propósito de dar una contundente y clara certeza jurídica a los gobernados y fortalecer la transparencia en el quehacer y actuación de la Profepa, los procedimientos administrativos iniciados por su Delegación en Yucatán fueron atraídos por sus Oficinas Centrales en la Ciudad de México, para continuar con su desahogo hasta su resolución, determinando al efecto las sanciones a que haya lugar por los incumplimientos a la normatividad en materia de Impacto Ambiental que resulten.
Los procedimientos administrativos instaurados por la Profepa se encuentran fundamentados en los preceptos de la legislación mexicana, donde el daño y deterioro ambientales generan responsabilidad para quienes los provocan, mismos que son de orden público e interés social; con ello, se contribuye a la protección, preservación y restauración del ambiente como garantía constitucional, a través de revertir los procesos de deterioro del medio natural, procurando una justicia ambiental real a través del estricto cumplimiento de la ley.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
