[vc_row][vc_column][vc_column_text]En noviembre próximo se solicitará a la nueva administración del Gobierno del Estado el establecimiento de la Alerta de Violencia de Género en Yucatán, la cual en esta ocasión también será dirigida al Poder Legislativo y al Judicial, coincidieron especialistas y representantes de organismos no gubernamentales.
Aunque reconocieron los logros obtenidos en el Estado, no están del todo satisfechas, ya que son numerosos los pendientes que prevalecen.
Incluso, se muestran temerosas de un retroceso de no darse el respectivo seguimiento o efectuar cambios para colocar a personas no preparadas.
La catedrática de la Universidad Autónoma de Yucatán, Gina Villagómez Valdez, resaltó la importancia de continuar con las actividades correspondientes a la Alerta de Violencia de Género, ya que “no es una concesión, es obligación gubernamental establecida por la Ley”.
Advirtió que Yucatán es una de las siete entidades federativas con mayor violencia, y hasta el momento no hay programas para disminuir la de tipo cultural, doméstica e interinstitucional.
Enfatizó que “las mujeres del interior del Estado están profundamente abandonadas, víctimas de la constante violencia doméstica y sin perspectiva de género, étnica ni de envejecimiento digno”.
Por su parte, la titular de Ciencia Social Alternativa, Nancy Walker Olvera, mencionó que entre los logros obtenidos está la preparación del personal de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que brinden un buen servicio a la sociedad.
Recordó que hace un año se solicitó la respectiva Alerta, dado que Yucatán estaba entre los primeros lugares en violencia familiar y sexual que prevalece en el Estado, así como en feminicidio.
Asimismo, la representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, consideró como deplorable la actitud del Poder Judicial del Estado, principalmente, al dejan en libertad a presuntos violadores.
“Para los jueces les es suficiente que a los delincuentes sexuales sólo se les ponga un brazalete electrónico o bien, mandarlos a cortar el pasto, cuando la víctima fue salvajemente atacada”, subrayó.
Asimismo, la experta de la Uady Ligia Vera Gamboa remarcó que “no se busca una solución más para resolver los problemas sociales”, pero se procura contar con las bases legales así como la preparación de las personas para brindar una atención adecuada a las víctimas de la violencia.
Entre los pendientes, destacó el caso de la instalación del Consejo Estatal contra la Discriminación así como los matrimonios igualitarios.
“Estoy de acuerdo sobre la necesidad de contar con leyes para evitar el maltrato animal, pero es más importante el proteger la vida de las mujeres y de los ciudadanos”, acotó durante la conferencia de prensa.
Advirtió la poca preparación que tiene el personal de la FGE, lo que provoca un grave problema a las mujeres para la solución de un problema determinado.
“Es toda una aventura el ir a la Fiscalía, además que está bastante lejos, no hay personal capacitado ni sensible para determinados temas y de atención a las mujeres, víctimas de algún delito”, añadió.
Ante los comunicadores, dijo que “hay un logro en torno a la violencia de género, pero eso no implica que está al 100 por ciento satisfecha de lo logrado hasta el momento”.
Confió en que el gobernador electo, Vila Dosal, de seguimiento a lo logrado hasta el momento, e incluso, permita una real avance a favor de las mujeres.
Ante el cambio de administración, también se prevén modificaciones en el gabinete y del personal de cada dependencia, por lo que se recomendó a que en las instancias se quede el personal preparado, para así evitar un retroceso.
“Se corre el grave riesgo de quitar al persona profesional capacitado, por lo que el retroceso que se pueda dar será totalmente responsabilidad del Gobierno del Estado”, sentenció.
Indicó que cada tres meses se revisará el avance, y aseveró que solicitará de nueva cuenta el establecimiento de la Alerta de Violencia de Género en Yucatán.
“En esta ocasión, ya no sólo se enviará al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y Judicial, e incluso, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey)”, expresó.
Aunque la Codhey sólo sirve para cubrirle la espalda al propio gobernador, en lugar de apoyar a la personas a las que se les violó sus derechos humanos”, concluyó-[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
