[vc_row][vc_column][vc_column_text]Radar Político/Columna
Segunda parte
Bien dice el dicho que “a río revuelto, ganancia de pescadores”… y ese es el resultado que ahora vemos en el ambiente jurídico local en torno al ámbito de competecia de la mafia inmobiliaria, donde autoridades estatales omisas y actos presuntamente delictuosos de particulares han enrarecido el contexto de la compra y venta de bienes inmuebles.
Extraña que el Gobierno de Yucatán haya descuidado desde hace más de diez años el tema de la seguridad jurídica patrimonial y no cabe duda que todo se originó con el “agandalle” del grupo del ex consejero jurídico Sergio Cuevas González con la imposición de Pablo Castro Alcocer (también otro conflicto de intereses, pues es aspirante a notario e hijo del notario Pablo Castro González) como primer director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Insejupy) y desde allí conseguir el control del Registro Público de la Propiedad, del Catastro del Estado y la infomación cartográfica y catastral de toda la entidad.
Y destaca que Pablo Castro empezó hace apenas 18 años como director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural, cuyo titular, Roger González era su tío en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, y de allí en el sexenio de Ivonne Ortega se embonó como subconsejero jurídico bajo las órdenes de Sergio Cuevas González y de allí al Insejupy, para luego como en el Cirque du Soleil, brincar a la Procuraduría Agraria en el Estado, donde se analiza toda la cartografía y trámites de la propiedad ejidal, así como la adjudicación de terrenos particulares y nuevamente Castro González, en otro brinco, es designado delegado estatal de la Sagarpa, donde según denuncia de productores existen dudas en el ejercicio presupuestario, pero ante tanta irregularidad fue premiado con la Secretaría de Desarrollo Rural hace poco menos de un año.
Eso sí, Pablo Castro se ha destacado en los últimos años de trabajar primero para el PAN con su tío Roger González. Luego con el PRI con Sergio Cuevas e Ivonne Ortega, recientemente con Rolando Zapata y con Jorge Carlos Ramírez Marín y últimamente con Pablo Gamboa Miner… todo un mil máscaras que ha superado a don Rubén Calderón Cecilio para convertirse en el nuevo diez mil mascaras.
Sin lealtades pero con muchas ideas y conductas controvertidas, porque desde esos cargos destacan el fraude de los carneros de Desarrollo Rural en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, la adquisición inexplicable de miles de hectáreas al ejido de Hunucmá y la agilización de despojos ejidales desde la Procuraduría Agraria, desde donde hasta el personal de dicha dependencia meses después que la dejara Pablo Castro injurió y exhibió al entonces diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín.
Los hilos conductores empiezan entonces a ser evidentes que desde el gobierno del estado existen personajes de altos niveles que son los promotores, asesores y auspiciadores de la mafia inmobiliaria, justamente como Víctor Ayora Narváez, secretario técnico del despacho de la Consejería Jurídica del Gobierno actual, que promovieron ante la Consejería Jurídica reformas y adiciones a la Ley del Notariado para aumentar la capacidad de actuación de los escribanos públicos cuando este mismo gobierno ya consideraba su exclusión de la fe pública, como acontece en toda la república.
Pero lo que no se dice es que al ampliar la fe pública de los escribanos se invaden funciones notariales… pero acrecienta su número de abogados para engrosar su equipo en las movilizaciones para lo que queda del PRI en la defensa del voto, o sea, también un funcionario de menor jerarquía a falta de control político se quiere llevar a sus fedatarios para sus intereses personales y políticos. En síntesis, se quieren nombrar fedatarios a modo, ¿y cómo se va a cumplir la ley de datos personales o bien los requerimientos de la unidad de inteligencia financiera?
Falta ver si el nuevo gobierno requerirá los servicios legales de Víctor Ayora o desde la oposición los escribanos a los que pretende servir le demostrarán su lealtad como ex funcionario y su deslealtad al nuevo gobierno de Mauricio Vila.
Víctor Ayora Narváez fue el candidato perdedor en el último relevo de la directiva estatal de la CNOP, cuya dirigencia hoy recae en Karla Franco Blanco, diputada electa en la próxima Legislatura que entrará en funciones el próximo primero de septiembre.
En términos simples, el secretario técnico de la Consejería Jurídica tendrá un séquito de fedatarios incondicionales violando los criterios de autonomía e independencia notarial, pues él y sus recomendadores serán quienes designen o ratifiquen a los fedatarios y como el amor con amor se paga, ¿quién sancionará a los fedatarios si les han ampliado sus competencia a cambio de un apoyo al equipo de defensa electoral de Víctor Ayora, léase a los hermanos Pavón Flores?
A río revuelto ganancia de pescadores. Si Sergio Cuevas, Pablo Castro González, Ernesto Herrera Novelo, Jorge Luis Esquivel Millet y Carlos Pavón Flores han sido consejeros omisos ¿no es prudente analizar si han tenido alguna responsabilidad por su falta de atención al tema inmobiliario o son cómplices del grado de deterioro de la seguridad jurídica patrimonial?
Nadie ha declarado una culpa ¿o será necesario que el gobierno federal investigue el origen y procedencia de su patrimonio derivado del manejo de recursos de programas de la federación? Porque casualmente nadie de los ex consejeros goza de dificultades económicas a pesar de que los sueldos son limitados.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
