[vc_row][vc_column][vc_column_text]Radar Político/Columna
Primera parte
Quienes están detrás de la mafia inmobiliaria no son párvulos en el tráfico de influencias ni ajenos al ejercicio del poder público, con conocimientos en el corretaje de bienes inmuebles y la celebración de contratos que no cumplen las formalidades necesarias para proteger el patrimonio de los vendedores y la inversión de los compradores.
Mucho se ha escrito sobre el tema… se escriben los hechos, las culpas, pero no hay culpables y es cuando llama la atención que se han mantenido ajenas al tema las autoridades estatales, cuando es de todos sabido que para vender un inmueble se requiere como norma, información oficial del registro público y la intervención de un fedatario público.
De todos los casos descritos en los medios locales, no se ha dado a conocer ningún caso de sanción o denuncia contra registrador o escribientes del Registro Público de la Propiedad, así como tampoco el Ejecutivo del Estado ha emitido una sanción contra algún notario a pesar de existir procedimientos y resoluciones administrativas del Consejo de Notarios, donde se han recomendado medidas que la Consejería Jurídica se ha negado a considerar en beneficio de los funcionarios estatales con quienes los notarios demandados guardan relación o intereses.
Ejemplos sobran, solo basta recordar que durante el sexenio de Ivonne Ortega Pacheco el notario Carlos Evia Salazar fue uno de los fedatarios preferidos del sexenio, a pesar haber sido denunciado por su esposa por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar e incluso sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia.
En el caso de la Consejería Juridica los tres titulares que la han ocupado, dos son aspirantes a notario: Ernesto Herrera Novelo y Jorge Esquivel Millet. El segundo ha dejado de ser aspirante para ser notario titular, pero extrañamente después de esperar más de diez años en la lista de prelación designó a una notaria suplente que habia esperado su nombramiento menos de dos años, violentando el derecho de prelación que por mínimo decoro y ética debió respetar.
Bajo ese conflicto de intereses el gobierno estatal que termina delego el tema notarial, jurídico e inmobiliario en su momento, a dos aspirantes a notario, ambos ampliamente vinculados con las actividades empresariales y de corretaje inmobiliario, pero desconocedores de la administración pública y en el caso del actual titular de la Consejería Jurídica, Carlos Pavón Flores, a pesar de tener más de un año en el cargo, aún depende de su hermano Raúl Pavón, director jurídico, para cualquier mínima toma de decisiones.
El gobierno de Patricio Patrón en el Estado y en el municipio de Mérida, ambos gobernados por el PAN, decidieron nombrar a dieciséis notarios en funciones en puestos de primera línea jurídica, los excesos llevaron al gobierno de Ivonne Ortega aprobó la duplicidad entre las funciones notariales y la administración pública.
Se abrió la puerta para que los notarios titulares puedan designar a un aspirante a notario como notario suplente sin importar la responsabilidad solidaria y mancomunada la fe pública.
A partir del gobierno de la señora Ortega el ámbito jurídico se concentró en una sola persona, porque a diferencia de la presidencia de la República el consejero jurídico presidencial solo atiende asuntos de la presidencia mientras que en Yucatán los consejeros nombran y designan a todos los responsables jurídicos de las secretarías del Ejecutivo.
Al cargo de Consejero jurídico en turno se le han confiado responsabilidades de casi un sabelotodo que ha servido para aumentar ambiciones políticas y económicas, como en el caso de Ernesto Herrera Novelo, que de ser asesor legal de una empresa de cereales de la Entidad, en este sexenio ha sido consejero jurídico, secretario de desarrollo económico y ahora se quiere apuntar como asesor de gobierno de Mauricio Vila.
Y no se diga de Jorge Esquivel Millet primo de Arturo Millet, conocido traficante de terrenos ejiidales que en su paso como director del Insejupy y como consejero jurídico se hicieron trámites sujetos a controversia.
Así las cosas, no es difícil de entender que la existencia de la mafia inmobiliaria comenzó cuando el gobierno puso en las áreas estratégicas del orden legal a personajes con conflictos de intereses, al servicio de empresarios o de sus propios negocios haciendo creer al gobierno que tenían grandes conocimientos legales, que ahora descubrimos solo sirvieron para su cosecha particular y han enrarecido con sus omisiones intencionales el ambiente legal, el cual tardará años en su recuperación.
Si la banda del balón destruyó al PAN, los superasesores legales del gobierno destruyeron el orden jurídico local e hicieron cómplices a Notarios, registradores, abogados y corredores inmobiliarios.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
