[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un organismo de arbitraje internacional condenó en mayo pasado al gobierno estatal a pagar más de 723 millones de pesos a la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, de Grupo Marhnos, como compensación por haber cancelado el contrato para la construcción del Hospital de Ticul que se le adjudicó.
Sin embargo, el Gobierno del Estado respondió que no canceló el contrato sino que lo rescindió, y tomó esa decisión debido al incumplimiento de la empresa al dejar la obra con un avance de solo 39.02%, a pesar de que se le concedió una prórroga de 300 días.
El fallo del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, resolvió que los Servicios de Salud de Yucatán deberá pagar 584 millones 498 mil cinco pesos (IVA incluido) “por el pago por terminación” y otros 138 millones 949 mil 663 pesos por concepto de gastos financieros generados por falta de pago desde julio de 2015, cuando se canceló el contrato, hasta junio de 2018.
Según el fallo, a esta cantidad se le agregarán $5.500,000 cada mes, hasta que ocurra el pago total previsto en el contrato, que vence en 2037.
En un comunicado, el Gobierno asegura que el contrato tenía una vigencia de 25 años y lo obliga a pagar más de 237 millones de pesos, que se incrementarían para mantener su valor, suma que se pagaría en mensualidades de casi 20 millones de pesos, equivalentes a más de 658 mil pesos diarios, lo que hace un total de más de 5,500 millones pesos.
Agrega que la deuda derivada de la rescisión es de 125 millones de pesos, no de 723 millones, como dice Marhnos.
En su comunicado precisa que el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional no es competente en el caso porque eso corresponde a las autoridades locales y federales que ya estaban conociendo de la controversia y que posteriormente resolvieron en definitiva.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
