[vc_row][vc_column][vc_column_text]Integrantes de la comisión de Derechos Humanos aprobaron por unanimidad el proyecto de convocatoria para la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la cual deberá ser votada en el pleno de la LXII Legislatura.
La presidenta del cuerpo colegiado, María Moisés Escalante (PRI) consideró de gran importancia el trabajo legislativo para nombrar en Yucatán un Ombudsman que garantice la protección y respeto de los derechos fundamentales de toda persona que, habitual o transitoriamente, se encuentra en la entidad.
“Por ello, de cara a la sociedad, iniciamos un procedimiento democrático y transparente para la elección y designación del Presidente de la Codhey”, declaró.
En la comisión se informó que una vez publicada la convocatoria en el Diario Oficial del Estado, se tendrán 30 días para designar al nuevo titular de la CODHEY.
De tal forma, que de su publicación, contarán con 15 días naturales para el registro de propuestas mediante consulta pública a organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales e instituciones académicas, entre otros.
Después de la etapa de registro, se realizará el análisis de las propuestas en un periodo de cinco días naturales; posteriormente se publicará la lista de los candidatos que reúnan los requisitos a más tardar siete días naturales antes de la fecha de la designación.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández (PRI) propuso para este método, que los horarios de oficina no sean de lunes a viernes, ya que se habla de días naturales, por lo que recomendó que se describa únicamente “en horario de 9 a 15 horas”, lo cual fue aceptado.
En su turno, Silvia López Escoffié (MC) propuso que se tengan mecanismos para hacer llegar la convocatoria a todos los sectores de la sociedad como cartas de invitación a las organizaciones civiles.
Modificaciones al CAPY
Integrantes de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron realizar una reunión el próximo jueves para trabajar sobre las modificaciones al Código de la Administración Pública de Yucatán (Capy), que propone el Ejecutivo estatal.
Lo anterior, después de que los mismos diputados escucharon las opiniones vertidas por los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Arte y Cultura, Igualdad de Género, Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, Fomento Agropecuario; y Justicia y Seguridad Pública, sobre los cambios del Capy, en particular, por los temas de la creación de la Secretaría de Pesca y de la Mujer, así como la propuesta de eliminar la de Juventud.
En su turno, Felipe Cervera Hernández propuso programar juntas de trabajo para trabajar de manera particular tanto las modificaciones al Capy, como los cambios a la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonio del Estado (Insejupy), de la cual también se continuó su análisis en la comisión, para desahogar los temas y después dictaminar, ya que “lo que urge es legislar más que fijar posicionamientos políticos”.
“Me parece más ordenada la propuesta del diputado, podríamos ir desahogando cada uno de los dictámenes de manera particular y no en bloque”, agregó Silvia López.
“Que se fijen los tiempos con un calendario, para ir trabajando al respecto y proponer de manera adecuada y no improvisar la situación”, recalcó Enrique Castillo Ruz (PRI).
Rosa Díaz Lizama (PAN), destacó que la urgencia de resolver las reformas al Capy, radica en que el 25 de noviembre es la fecha límite para que el Ejecutivo estatal presente el proyecto de presupuesto 2019, por ende, necesita considerar los cambios en éste para la elaboración del mismo.
Referente al tema del Insejupy, Luis Borjas mencionó que es importante que el titular de esta dependencia sea abogado, porque mientras más afín sea la profesión, más acertadas serán las decisiones, evitando que se carezca de visión en los alcances y mejoras a sus sistemas.
Miguel Candila Noh (Morena), apoyó este fundamento y presentó sus propias propuestas para que el director de esta dependencia recaiga en un licenciado en derecho.
Díaz Lizama, respondió que su propuesta en relación al Insejupy, añade dos apartados, donde plantea que la parte administrativa, el titular no necesariamente sea abogado, pero que en el caso de directores, sí sea obligatorio.
“En mi propuesta en el INSEJUPY, a diferencia de la del gobierno que sólo traía el cambio en el tema de los requisitos para el titular, propuse dos aparatados adicionales para que la parte técnica, la de revisión, la de administración la tuviera un titular que no necesariamente sea abogado, pero en el caso de los directores obligadamente tengan que serlo, incluso en un artículo pido que tenga experiencia notarial”.
El posicionamiento de la diputada fue compartido por Cervera Hernández, quien señaló que hay que brindarle al titular del ejecutivo las herramientas que considere necesarias para el desempeño de sus funciones.
En la comisión también se abordó la iniciativa para modificar el Capy y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de Paridad de Género, en la cual se recordó la propuesta para esperar que se le dé tramite a una iniciativa que se encuentra en el Congreso de la Unión, con similares argumentos.
López Escoffié, solicitó un cuadro comparativo con las dos propuestas, la federal y la estatal, para que los diputados conozcan los alcances que presenta cada una; en tanto que Díaz Lizama consideró esperar los posibles cambios en las leyes nacionales, que incluye a los poderes legislativos, porque después se necesitará aprobarlos u homologarlos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
