[vc_row][vc_column][vc_column_text]“Despotismo judicial hacia los trabajadores”, eso es lo que manifiestan los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Yucatán (STSPJEY), que este viernes, en rueda de prensa, exigieron a las autoridades legislativas y del Ejecutivo que evalúen finalmente un aumento salarial del 30, incumplido desde hace 14 años.
Afirman que no les alcanza, que el aumento que les dieron el año pasado del 4.5 por ciento no se vio reflejado en la economía de los trabajadores, que no tienen acceso a una vivienda digna y que es una vergüenza que esto ocurra en un poder que supuestamente vela por el respeto a las leyes, remarcaron.
Patricia Solís Reyes, secretaria del sindicato formado por cien trabajadores (en el Poder Judicial laboran mil 200 personas, aproximadamente), expuso que el aumento otorgado el año pasado de un 4.5 por ciento no fue suficiente, ya que el precio de los productos básicos de la canasta familiar aumentó drásticamente.
Sin acceso a vivienda digna
“En lo que se refiere a vivienda, a nosotros nos corresponde el Isstey, pero lamentablemente está institución no cumple con la función para la cual fue creada. No hemos contado con el apoyo legal ya que, al hacer la solicitud, la cantidad de crédito que nos otorgan para la vivienda es irrisorio, el trámite es engorroso y entramos a un sorteo donde el derechohabiente no tiene la seguridad de obtener la vivienda”, detalló.
Sin embargo, la secretaria tiene esperanzas de que se tomen acciones a favor de los trabajadores luego de una reunión reciente con María Alejandra Rodríguez, nueva directora del Isstey, quien escuchó sus demandas y prometió actuar a favor de los empleados del Poder Judicial.
Y aunque el Poder Ejecutivo no intercede en los aumentos del poder autónomo judicial, también pidieron una audiencia con el gobernador Mauricio Vila Dosal para contarle su situación. “Queremos que del presupuesto de egreso de 2019 se nos asigne una partida etiquetada para el aumento del 30 por ciento”, explicó Patricia Solís.
Asimismo, presentaron su solicitud al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado. En días pasados hicieron la misma petición ante los diputados en el Congreso del Estado.
Por su parte, Oscar Sauri Bazán, asesor jurídico del sindicato, manifestó que el principal problema de este país es la falta de respeto a la legalidad. “Es una vergüenza que empiece precisamente en un poder que supuestamente vela por el respeto a las leyes. Y no solo es una vergüenza, sino también una ilegalidad, puntualizó.
Sauri espera un cambio de actitud por parte de las autoridades del estado y aclaró que la autonomía presupuestal es sólo “supuesta”.
“Tienen una actitud de hacendados, se sienten dueños del presupuesto como si fueran su lana, se autorizan bonos, viajes, cursos, diplomados y todo tipo de privilegios. Y los trabajadores de base, administrativos y manuales, esos cobran como barrenderos”, puntualizó.
También detalló que un trabajador de mantenimiento del poder judicial cobra alrededor de 3,000 pesos quincenales. y un administrativo alrededor de 4,000 quincenales.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
