[vc_row][vc_column][vc_column_text]Radar Político/Columna
Los esperados cambios en las delegaciones y representaciones del gobierno federal en Yucatán no se han dado con la misma rapidez con la que se han nombrado los titulares de las dependencias federales.
El coordinador de Programas Integrales de la Federación, Joaquín Díaz Mena, ofreció en diciembre pasado un plazo de 180 días para revisar la conveniencia de fusionar o desaparecer las oficinas. Sin embargo, nada de esto se ha informado.
El período de revisión empezó el 30 de noviembre con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que creó las nuevas secretarías de Bienestar y de Seguridad Ciudadana. También se inició el análisis de la normatividad de cada una de las dependencias federales.
En Yucatán hay 64 representaciones del gobierno federal, incluyendo las Fuerzas Armadas, de las cuales más de 50 están acéfalas tras la renuncia de sus delegados por motivos personales.
Las únicas que tienen nuevos titulares son el IMSS, Profeco y Bienestar. Recientemente se designó al director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), que ha causado inconformidad en las filas de Morena.
Aunque hay representaciones que tienen jurisdicción regional, algunos funcionarios son nombrados por una Junta de Gobierno y hay cargos jerárquicos de nivel gerencial, administradores y delegados que todavía no han sido nombrados o que están en situación irregular.
Para citar dos ejemplos:
En la delegación de la antigua CDI, se designó a Pablo Duarte, pero éste dio marcha atrás y todavía no se define quién se encargará de la aplicación de programas a favor de los indígenas de Yucatán.
En el caso de Infonavit, más de 7500 acreditados están esperando ser incluidos en el nuevo programa federal “Responsabilidad Compartida” y a la fecha, esta dependencia no ha definido a los yucatecos cómo se aplicará y cuándo iniciará este beneficio en Yucatán.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
