[vc_row][vc_column][vc_column_text]La presidenta de Asociación por los Derechos de los Animales en Yucatán (ADAY), Rosario Sosa Parra, reconoció que las agrupaciones protectoras de animales no se ponen de acuerdo sobre la forma de trabajar y muchas veces exigen sin tomar en cuenta factores de riesgo así como económicos.
La activista apostó por la continuidad del Centro de Control Canino y Felino (CEMCA), “pues el personal del Ayuntamiento de Mérida se ha vuelto bondadoso con los perros callejeros, ya no los envenenan, sino que ahora a las 72 horas (si nadie los reclama) les aplican una inyección que los hace dormir”.
Consideró que sería oneroso instalar un santuario o un centro de adopción, pues es mucho el gasto para contar con un local de ese tipo, además de que se requiere equipo y personal especializado, así como efectuar labores de limpieza y la alimentación, pero sobre todo, ahí no se podrían albergar animales ferales, los cuales tienen un comportamiento muy diferente al de una mascota o un animal callejero.
“Hay que ser coercitivos, es decir, establecer una acción mediante la cual se imponga un castigo o una pena con el fin de condicionar el comportamiento de las personas”, subrayó.
Es decir, imponer sanciones por arriba de los cinco mil pesos y al menos 72 horas en la cárcel pública a quienes abandonen a sus mascotas, por lo que “en corto tiempo se tendría un mayor control de los perros callejeros, ya que nadie desearía ese tipo de multas”.
La activista se refirió a las demandas que han planteado algunas asociaciones sobre presuntos casos de maltrato en el Centro de Control Canino y Felino de Mérida (CEMCA), ubicado en el Periférico norponiente, en la colonia Tamarindos.
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