[vc_row][vc_column][vc_column_text]Durante la pasada década cinco sectores económicos (inmobiliario, turístico, agroindustrial, industrial y energético) han tenido una excepcional expansión en la Península de Yucatán, a costa de los recursos naturales de un territorio predominantemente maya, afectando la calidad de vida de sus habitantes y la sostenibilidad de la región, e incrementado significativamente la vulnerabilidad de las comunidades y las personas, debido a las desigualdades y el daño a los sistemas ambientales, dieron a conocer el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A. C. (CCMSS), Articulación Yucatán y GeoComunes.
Las organizaciones presentaron una herramienta cartográfica en línea que muestra la situación que enfrentan los territorios de la Península y sus habitantes. Se trata de un geovisualizador que evidencia las interacciones entre megaproyectos y su avance sobre ecosistemas y territorios indígenas. En la presentación participaron integrantes de comunidades mayas de Muna, Valladolid y Tahdziú, quienes compartieron lo que pasa en sus regiones.
“Los megaproyectos están poniendo en peligro la vida del pueblo maya. Las instituciones gubernamentales otorgan autorizaciones sin considerar que se trata de territorios indígenas y esto no puede seguir así. Queremos que el gobierno respete la ley y que los funcionarios comprendan que se están violentando los derechos de los pueblos y las personas. Las comunidades mayas son las legítimas dueñas ancestrales de estas tierras. Hasta ahora, la inversión privada golpea a las comunidades y los gobiernos favorecen a los empresarios y no hacen nada para proteger a las comunidades”, comentó Alfonso Hoil, habitante de San José Tipceh, en el municipio de Muna.
Si bien anteriormente los impactos socio-ambientales en la Península estuvieron motivados por los polos de desarrollo turístico, como Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo, hoy los megaproyectos, la urbanización y las políticas públicas relacionadas con la propiedad social de la tierra y el fomento a la producción agroindustrial están provocando un proceso generalizado de des-ruralización que atenta contra la permanencia de los pueblos mayas en sus tierras y el mantenimiento de miles de hectáreas que albergan selvas, manglares, dunas costeras y otros ecosistemas que mantienen el agua en el mayor anillo de cenotes del mundo y una enorme biodiversidad que incluye aves migratorias.
El geovisualizador muestra cómo las inversiones en la región han perseguido las ganancias monetarias sin una visión de sustentabilidad de largo plazo. Cuando la inversión en un sector deja de ser rentable, el capital transita hacia otros sectores. Así ocurrió cuando la crisis del sector agrícola (madera, chicle y henequén) redirigió las inversiones hacia el turismo y a la agroindustria de la soya transgénica, el sorgo y la palma de aceite.
Urbanización salvaje
El visualizador también ilustra cómo las leyes, instituciones y políticas de Estado han sido modificadas estructuralmente para favorecer las estrategias de este modelo de desarrollo depredador.
El primer ciclo de expansión urbana fue posible gracias a la incorporación del suelo ejidal al desarrollo urbano impulsado por la Ley Agraria de 1992 y la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) de 1993. La nueva LGAH, de 2016, favoreció un segundo ciclo de expansión urbana, de naturaleza vertical, con base en el modelo de ciudad compacta.
En Mérida la urbanización ha avanzado sobre los ejidos de Caucel, Chuburná y Kanasín. En la Península de Yucatán la superficie urbana pasó de 27 mil ha en 1990 a 75 mil ha en años recientes. El 30% de esta urbanización se hizo sobre tierras ejidales. Un tercio de la expansión urbana se concentra en los municipios de Mérida (20.4%), Yucatán, y Benito Juárez (15.7%), Quintana Roo.
En 1990 la urbanización sobre tierras ejidales (5,377 ha) representaba el 20% de la urbanización total. En 2019, la proporción aumentó al 40 % (30 mil ha); es decir, que en 20 años la urbanización de tierras ejidales se multiplicó por seis. El proceso de urbanización de tierras ejidales presenta disparidades espaciales y temporales. En Campeche, la urbanización afectó con mayor intensidad a las tierras ejidales entre 2000 y 2010, cuando alcanzó el 66.9 %. En Quintana Roo, la presión sobre ejidos aumentó del 51% al 75 % desde el año 2010 y se mantiene hasta la actualidad. Finalmente, en Mérida, aumentó de 25% a 71%.
Energías “limpias” que despojan y contaminan
Otro de los temas que aborda el geovisualizador es el de los megaproyectos energéticos. El poco peso de la península en la generación eléctrica nacional, el contexto de cambio climático, los compromisos de reducción de emisiones establecidos por el gobierno mexicano y el potencial eólico y solar identificado por la Secretaría de Energía en la zona son los argumentos oficiales para justificar la expansión de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos, en el marco de la transición energética (TE).
“Con lo que está pasando en la Península queda claro que el impulso en México al desarrollo de las energías renovables (ER) no ha sido direccionado hacia una transformación del sistema energético bajo en carbono, más eficiente, responsable, equitativo y sostenible en el tiempo, vocación original de la TE. Por el contrario, la transición se sujetó a la promoción de proyectos de gran escala bajo modelos privados y extractivos que privilegian la especulación financiera y son omisos a una planeación estratégica e integrada social y ambientalmente”, afirmó Jazmín Sánchez de
Articulación Yucatán
En el marco de las Subastas de Largo Plazo (SLP) se han autorizado megaproyectos con criterios técnicos y financieros, excluyendo aspectos sociales, ambientales y culturales. En 2016, en Yucatán aterrizaron 50% de los megaproyectos: 9 de los 18 aprobados de la Primera SLP (cuatro eólicos y cinco fotovoltaicos).
Esos megaproyectos no son los únicos. De 2012 a la fecha, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha autorizado 14 proyectos eólicos y 13 proyectos fotovoltaicos en la península. La Semarnat ha publicado 29 manifestaciones de impacto ambiental (MIA) para 13 proyectos eólicos y 16 fotovoltaicos de la península; 21 ya las autorizó (9 eólicos y 12 fotovoltaicos), dos siguen en revisión y seis fueron negadas. Según las MIA, la superficie que pretenden ocupar los proyectos autorizados es de casi 14 mil hectáreas (10,085 para parques eólicos y 3,811 para parques fotovoltaicos) de los cuáles el 30 % está en tierras ejidales (4,192 ha).
“Yo vivo en San José Tipceh, ejido del municipio de Muna. En San José se está dando un proceso para despojarnos de nuestra tierra para instalar un proyecto de energía solar. Como estamos defendiendo el territorio estamos siendo discriminados porque no somos ejidatarios. Pero incluso así, no vamos a permitir que ninguna empresa nos venga a despojar. No nos dejan participar en las asambleas, nos dicen que no tenemos derecho. Es claro que el proyecto no está bien para el pueblo, va a tener muchas afectaciones. Quieren quedarse con más de 700 hectáreas en las que los avecindados trabajamos. Me preocupa el futuro de mi familia y de mi comunidad, por eso nos estamos organizando para defender nuestro patrimonio”, comentó doña María Euán, habitante de San José Tipceh e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.
Los organizadores expresaron su preocupación por el hecho de que en México los proyectos solares y eólicos sean exclusivamente desarrollados por empresas privadas, y generalmente de capital extranjero como Acciona o Enel Green Power a nivel nacional, o Aldener, ActisEnergy, Envision Energy y JinkoSolar en la Península de Yucatán, que monopolizan el sector en sus distintas cadenas (abastecimiento de turbinas o paneles, construcción y operación de los parques), pues es importante desde el punto de vista de la soberanía energética del país.
El Colectivo GeoComunes subrayó que la política energética de México parece actualmente dictada por intereses privados y foráneos que solo buscan generar y centralizar ganancias, en detrimento de una producción racional que permita al país transitar hacia un acceso equitativo y sostenible de la energía.
La imposición de este modelo carece de un análisis que evalúe de forma integral los patrones de consumo energético y la responsabilidad de los contextos urbanos e industriales. En el caso de la Península de Yucatán, el papel que tiene por ejemplo la actividad turística en el consumo eléctrico regional es un punto de análisis importante que se debe ponderar adecuadamente. Por ejemplo, tan sólo en el 2017 Cancún consumió 127 mil megawatt por mes en promedio, de los cuales casi la mitad (el 48 %) sirvió para alimentar la zona hotelera.
Gregorio Hau, habitante de Valladolid e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, comentó que “ante la embestida de los proyectos energéticos, los habitantes de Ebtún, Valladolid, nos amparamos contra la empresa JinkoSolar, porque está trabajando con muchas irregularidades y las comunidades nunca fueron informadas. Hicieron una supuesta consulta de levantar la mano, pero ya estaban hechos todos los pactos para avanzar. En Ebtún hay un cenote y la empresa puso en la MIA que ahí había una oquedad. El proyecto nos preocupa porque va a afectar mucho. Es selva alta lo que se pretende desmontar para poner paneles solares. Son 255 hectáreas. Al devastarlas los apicultores van a perder sus medios de vida. Las abejas no tienen una zona delimitada y si no hay flores, néctar, plantas, árboles, se van a alejar. Además, con los paneles, el calor va a alterar el clima. Por cultura y conocimiento sabemos que los arboles son los que jalan las lluvias y hacen que llueva en los campos, eso también se va a afectar. Sin ellos no va a llover, habrá más sequías. También necesitamos la selva porque hacemos medicina tradicional, las plantas se obtienen de la selva. Todo eso se perdería. Estos proyectos no nos van a beneficiar. No estamos en contra del desarrollo, pero sí queremos tener control, decidir qué tipo de proyectos queremos tener. Hay que preguntarle al pueblo qué quiere, nosotros decidiremos. Queremos hacer nuestros propios proyectos”.
“Los proyectos eólicos y fotovoltaicos están generando un incremento en la violencia, pobreza, ruptura del tejido social, cultural y familiar en las comunidades. También están generando especulación con las tierras, despojos con amenazas y violencia.
Eso es lo que está sucediendo en San José Tipceh, Muna, y en Ebtún, Valladolid, donde quienes interpusieron un amparo en contra del proyecto eólico fueron amenazados por la empresa y por personas vinculadas al gobierno y al crimen organizado. No son proyectos encaminados a beneficiar a las comunidades rurales y urbanas. Están diseñados de manera vertical, para beneficiar a la élite, a las transnacionales con poder adquisitivo para adquirir en subasta el derecho de implementar un proyecto en territorio indígena. En lugar de una transición como la actual es necesario una que impulse la generación comunitaria de energías renovables.
Entonces sí podríamos creer que son para beneficiar a las comunidades y contribuiríamos con esto para mitigar los efectos del cambio climático y del calentamiento global”, comentó don Eliseo Ek, habitante de Tahdziú y también integrante de la Asamblea Muuch’ Xiinbal.
El Tren Maya, un nuevo eslabón del mismo proceso
La dinámica conjunta de los cinco sectores económicos que se expanden en la Península requiere de una infraestructura de comunicaciones y transporte consolidada y diversa, que otorgue coherencia territorial a este conjunto de proyectos de inversión.
El turismo, la expansión urbana, el agronegocio y la industria son articulados por autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos que facilitan el traslado de combustibles, personas y mercancías.
A su vez los gasoductos y las líneas de transmisión eléctrica transportan la energía necesaria para el funcionamiento de estos sectores. La construcción de cada nuevo proyecto es precedida por una expansión previa de la infraestructura de transporte de personas, mercancías y energía.
“El Tren Maya expresa un nuevo impulso a la expansión urbana, turística, agroindustrial e industrial. Constituye un freno a la expansión del proyecto vial de la península de Yucatán, y al mismo tiempo la continuación de la consolidación de los corredores troncales proyectados desde 2006: el corredor México-Puebla-Progreso y el Peninsular de Yucatán.
Por un lado, la ampliación de la oferta de transporte turístico y la creación de polos de desarrollo inmobiliario en cada estación fomentarán la expansión del tsunami turístico-inmobiliario hacia nuevos territorios. Por otro, el tren de carga asociado al proyecto turístico del Tren Maya, expandirá e intensificará el modelo actual de agroindustria exportadora”, concluyó Adrián Flores, investigador de Geocomunes.
“Esta herramienta está albergada en las páginas del Consejo Civil (ccmss.org.mx) y Geocomunes (geocomunes.org) y está a disposición de toda la ciudadanía. Esperamos que sea útil para investigadores, activistas y comunidades campesinas e indígenas para fortalecer sus procesos de defensa del territorio. El Consejo tiene 25 años trabajando con las comunidades para fortalecer sus procesos organizativos y sus estrategias de apropiación territorial a través del manejo sostenible de la tierra y selvas. Hoy, nuestro trabajo inevitablemente abarca también el apoyar los procesos de defensa de los territorios comunes”, mencionó Sara Cuervo, coordinadora de la oficina CCMSS en la Península de Yucatán.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
