[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tras considerar que la toma de la instalaciones de la Procuraduría Agraria fue innecesaria, el responsable de la oficina de representantes de esta dependencia federal en Yucatán, Felipe de la Cruz Díaz García, aseveró que fueron numerosas las imprecisiones que enunció el asesor de dicho grupo de comisarios y ejidatarios, Salvador Arteaga Trillo, durante los siete días que duró la protesta.
Aunque el ahora ex delegado Alfredo Ramírez Gómez llevaba 45 días de renunciar a dicho cargo, “los inconformes optaron por apoderarse del inmueble sin querer dialogar conmigo, y es que en numerosas ocasiones pasé junto a ellos y me quedé una hora cerca de ellos, ya que su intensión era la destitución de dicho funcionario”.
Remarcó que sus denuncias son añejas, y fuera del tiempo que marca la normatividad, sin embargo, serán atendidas.
En cuanto a los actos de corrupción que supuestamente realizan los 10 visitadores con que cuenta la PA, de acuerdo con las denuncias de ambos grupos, dijo que hay investigaciones en contra de algunos de ellos, los cuales son denuncias interpuestas tiempo atrás, y hasta el momento, ninguno ha acudido a interponer una querella al respecto.
Reconoció que no hubo daños al inmueble, por lo que está dispuesto a firmar un acta para desistir de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGE).
Afortunadamente, no hubo daños materiales, no se afectaron las audiencias en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), ya que los abogados de ambas instancias estaban de vacaciones.
Sin embargo, se cancelaron algunos compromisos de audiencias, los cuales serán reprogramados.
Las instalaciones en Tekax y Valladolid laboraron de manera normal, pues la actividad sólo se suspendió en Mérida.
Recordó que el pasado martes 16 se efectuó el desalogo de la delegación, motivo por el cual, acudió a la FGR para interponen una denuncia, aunque Arteaga Trillo afirmó que fue el lunes 22.
Resaltó que en ningún momento se opuso al diálogo, y las respectivas acciones de solución iniciaron cuando en la oficina central de indicaron que ya podía intervenir.
Comentó que los casos expuestos que presentaron los comisariios y ejidatarios llevan varios años, por lo que están fuera de tiempo.
Enfatizó que toda inconformidad se realiza durante la asamblea, ya que es en ese momento cuando se llegan a un acuerdo.
Mencionó que cuando se firma el acta, sin llegar a la solución de la inconformidad presentada, la persona o grupo que está en contra cuenta con un plazo de 90 días para impugar el proceso, pero ninguna de las dos acciones se efectuaron.
En cuanto a los supuestos casos de corrupción que hay en los licitadores, comentó que en los últimos cinco años ya se efectuaron cuatro juicios laborales, y se destituyó a la persona cuando se demostró la irregularidad.
Las quejas más frecuentes son que cobran por su servicio, principalmente a empresarios, o que laboran fuera del horario establecido.
Hasta el momento, ninguno de los grupos ha interpuesto denuncia alguna en contra de ellos, a excepción de acusaciones verbales, por lo que los convocó a presentar pruebas para proceder contra ellos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
