[vc_row][vc_column][vc_column_text]Poco más mil 400 familias de 24 municipios fueron engañadas por un presunto fraude cometido por una inmobiliaria en contubernio con titulares de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Grupos Agropecuarios del Sureste de México así como por representantes de la Confederación Revolucionaria de Campesinos y Obreros (CROC).
El monto de la estafa oscila en 40 millones de pesos, a través de un programa vivienda que se empezó a fraguar desde hace dos años, afectando a familias Celestún, Dzilam González, Hunucmá, Maxcanú, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Seyé, Temax, Tekit, Ticul, Ucú y Valladolid, entre otros municipios.
Poco después de la una de la tarde, los afectados de Muna acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar celeridad a las denuncias interpuestas el año pasado, ya que hasta el momento no les entregan sus predios, a pensar de que han transcurrido un año y ocho meses.
Ahora piden la devolución del dinero que entregaron para la ejecución del programa de “Construcción de vivienda básica en zonas dispersas”, correspondiente a la apócrifa Fundación Latinoamericana Pro-Housing para el Desarrollo Social y Humano.
Las casas se construirían con la aportación de los beneficiarios así como subsidios de la fundación, pero no existe una asociación con tal nombre.
En conferencia de prensa en la FGE, la docente María Patricia Couoh Baas denunció que se trata de un fraude cometido por representantes de la CROC y de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Grupos Agropecuarios, utilizando el nombre de una falsa fundación.
Remarcó que tan sólo en Muna, son 40 las personas afectadas, las cuales, “ante la emoción no se percataron que los pagarés estaban mal llenados, tenían tachaduras, no habían nombres de los responsables, es decir, todo fue un fraude”.
“Algunas personas dieron el dinero en un sólo pago, otros fue por abonos, y otros tuvieron que prestar para obtener la cantidad, cuyos intereses siguen pagando, y lo peor de todo, ni casa propia tienen”, acotó.
La afectada presentó el documento firmado por Juan Carlos Márquez Sol, en calidad de presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Grupos Agropecuarios del Sureste de México y por Carlos Eduardo Cisneros Rodríguez.
En este se establece que la empresa Desarrollo Inmobiliario Kin sería la contratista de las obras, que serían ejecutadas del 1 de agosto al 29 de octubre de 2018.
La obra consistiría en 48 metros cuadrados de construcción por acción consistente en una sola planta subdivida en dos habitaciones, sala común y un baño.
Incluso, en un documento de la Unión de Campesinos está el selló de la sección 95 de la CROC, pero en ninguna parte están los nombres de los representantes.
Couoh Baas señaló que el programa de vivienda beneficiaría a mil 422 personas de 24 municipios, donde cada una debió de pagar de manera anticipada un monto de 27 mil pesos, que sería una cifra módica, considerado que el costo real sería de 120 mil pesos, por lo que la mayor parte del gasto lo absorbería una fundación internacional.
Denunció que desde 2017 se propuso el programa en el cual está involucrado el integrante de la sección 95 de la CROC, David Mena Cauich, así como Luis May, Karina Pat Koyoc y Norma Collí Fajardo.
Recordó que en junio de 2017, en Temax se puso la primera piedra para la construcción de las casas, “pero hasta ahí quedo todo”.
En agosto de 2018 debieron de comenzar las obras en Muna, pero éstas nunca empezó la construcción de los predios.
Comentó que fueron a la CROC para hablar con Mena Cauich, pero hasta el momento se niega a atenderles.
Ante tal anomalía, optaron por acudir al Ministerio Público de Maxcanú para interponer las denuncias número 242, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 y 296.
Sin embargo, ya tardó la integración de la carpeta de investigación, motivo por el cual optaron por acudir a la FGE para saber el avance de las denuncias penales interpuestas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
