Tras ser vinculados a proceso penal este lunes por el delito de peculado, por un monto de más de 25 millones de pesos, el ex alcalde de Valladolid, Roger Alcocer García y su tesorero, Oscar Arturo Esquivel Palomo podrían recurrir a un amparo.
Los ex funcionarios municipales, quienes fungieron en el periodo 2012-2015, se inconformarían contra el auto de vinculación a proceso penal, lo que alargaría aún más el caso.
Pese a que las denuncias las presentó hace dos años la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante (2015-2018), el proceso apenas está en las etapas iniciales, ya que antes se hicieron diversas diligencias en las que Alcocer García hizo el ofrecimiento de concluir las obras para evitar el proceso penal.
En la audiencia de ayer lunes, el Juez Primero de Control del Centro de Justicia Oral del Poder Judicial de la Federación, Carlos Arturo Cano Reed, dictó auto de vinculación a proceso contra Alcocer García y Esquivel Palomo, al encontrar elementos suficientes para procesarlos.
La defensa ofreció varios medios de prueba para impedirlo, pero el juez los desechó.
Se concedió al Ministerio Público de la Federación un plazo de seis meses para continuar con las investigaciones complementarias.
Se mantuvieron las medidas cautelares impuestas en la audiencia de control, como la firma periódica ante el Centro de Justicia cada día 15 de cada mes, el depósito de una garantía económica de 12 mil 735 pesos y la prohibición de salir del Estado sin autorización judicial.
De acuerdo con la carpeta de investigación, durante la administración de Alcocer García, en el ejercicio fiscal 2012-2015, estaba obligado a ejercer un recurso del ramo 23 en el año 2014, destinados únicamente a obras específicas, como parte del fondo de infraestructura deportiva y cultural.
Para ello se hicieron trasferencias que alcanzaron la suma de 25 millones de pesos, pero de las obras prácticamente solo se puso la primera piedra y se hicieron trabajos iniciales.
Por denuncia de la ex alcaldesa Alpha Tavera, la Auditoría Superior de la Federación intervino y determinó que los recursos canalizados al municipio de Valladolid no fueron aplicados para los fines destinados.
Los recursos estaban destinados a la construcción de la Plaza de la Jarana en la ex estación de trenes, el Museo Regional, una biblioteca y una unidad deportiva en la colonia San Francisco, pero no fueron aplicados y en las obras apenas se hicieron excavaciones, aplanamiento de terreno y pisos de concreto, además de instalación de tubería.
El delito de peculado es sancionado con una pena de dos a 14 años de prisión y multa de 300 a 500 días de salario.
