[vc_row][vc_column][vc_column_text]El conflicto de Chocholá se recrudece ante la intervención del ex delegado de la Procuraduría Agraria, Alfredo Ramírez Gómez, quien a principios de año solicitó documentos oficiales para luego entregarlos a ejidatarios disidentes, con el objetivo de impugnar la asamblea efectuada en 2012.
La comisaria de Chocholá, Maritoña Flores Rosado, quien lleva menos de un mes en el cargo, informó que ante la irregularidad cometida por el funcionario federal, el próximo lunes 28 acudirá al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034, ya que fue citada en torno a la denuncia interpuesta en contra del ejido, sobre los hechos ocurridos hace siete años, con la venta legal de terrenos.
Reprobó la actitud de Ramírez Gómez, quien “se ostenta de su cargo para solicitar expedientes con el único fin de perjudicar a los ejidos, para su beneficio personal, por lo que el caso de Chocholá no es la excepción”.
Con documento en la mano, explicó que el pasado 13 de febrero solicitó a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) copias certificadas de las actas de asambleas general de ejidatarios de Chocholá, efectuadas el 16 y 24 de diciembre de 2012, ambas con sus planos así como los anexos correspondientes.
Resaltó que lo más sorprende fue que el RAN, al día siguiente entregó la respectiva documentación a Héctor Sánchez Aguilar, en representación de la PA, cuando por el mismo trámite los ejidatarios tienen que esperar hasta seis meses.
“Hay siete años de diferencia y ahora viene a remover a todo”, aseveró la entrevistada al advertir a Ramírez Gómez que “no debe de confundir las cosas, los ejidatarios tienen la parte que les corresponde y no lo que él quiera”, puesto que en las asambleas, la mayoría es la que decide.
En el primer evento se aprobó el cambio de destino de tierras, y en el segundo correspondió al otorgamiento del usufructo, pero “Ramírez Gómez quiere que todos los ejidos se conviertan comunales”.
Consideró dicho funcionario federal “viola la autonomía del ejido, y actúa de manera ilegal, pues el documento lo solicitó en su calidad de delegado de la PA, en el cual está su nombre y su firma”.
Incluso, consideró de ilógica su estrategia, dado que para la impugnación de una asamblea se tiene un plazo de 90 días naturales, de acuerdo con la Ley, pero lo realiza siete años después.
Por su parte, el ejidatario José Arturo Gómez Romero reprobó la actitud de Ramírez Gómez, quien “se involucra en el ejido, ha invitado a hacer remociones de comisarios ejidales, así como para que coordine las elecciones de los comisarios, para lo cual utiliza su cargo como funcionario federal”.
Hasta antes de junio de 2019 era delegado, y ahora es enlace, pero aún así es quien dirige la delegación, a pesar que ya se cuenta con un encargado de despacho.
“En febrero del año en curso, solicitó expedientes ante el RAN y los entregó a la disidencia (del ejido) para que demanden al ejido, y cuyo proceso sigue en curso”, acotó.
Aseveró que “siempre lo hace de ésta manera, con tal de perjudicar al ejido por ello le exijo respeto a la asamblea y a las actas”.
Finalmente, Flores Rosado recordó que el pasado 8 de septiembre se efectuaron las elecciones, la cual se adelantó ante los conflictos que prevalecen, y tomó posesión el domingo 6 del mes en curso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
