[vc_row][vc_column][vc_column_text]En breve los políticos que cometan actos de corrupción tendrá una sentencia de “muerte civil” en Yucatán, es decir, que no podrán volver a ocupar cargos en la administración pública.
Este jueves fue aprobado con el aval de todos los integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, el dictamen de una iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano para establecer la inhabilitación de funcionarios que cometan actos de corrupción.
Los legisladores dieron luz verde a modificaciones a la Constitución Política del Estado en materia de inhabilitación por faltas administrativas y hechos de corrupción, en sus artículos 22, 43 Bis,46, 65, 78, 98, 101 Bis.
Tras la aprobación, la coordinadora parlamentaria de MC, Silvia López Escoffié, expresó su beneplácito, pues de esta manera se cierra “la puerta del gobierno a los corruptos”.
En enero pasado, las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea presentaron al pleno de la LXII Legislatura dicha iniciativa para evitar que quienes hayan cometido actos de corrupción sigan trabajando en o para el gobierno.
Silvia López lamentó que el problema además va en crecimiento lamentablemente en todo nuestro país.
Recordó que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México, es el peor evaluado en materia de corrupción, dentro de las naciones que integran ese organismo internacional.
Los legisladores también avalaron a las reformas a la Constitución Política de Yucatán para dotar de autonomía y cambiar de Vicefiscalía a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con un presupuesto propio y autonomía técnica y de gestión total.
Además, acordaron desechar la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que proponía calcular el pago de jubilaciones y pensiones del Isstey en Unidades de Medidas de Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
