Los tabús y la falta de conocimiento siguen impidiendo que las personas gestantes accedan a un aborto seguro, aseguran especialistas en salud reproductiva.
Durante el foro “Salud y Autonomía Reproductiva en Yucatán”, organizado por la comisión de salud y seguridad social del Congreso del estado, los participantes precisaron que se debe garantizar que las mujeres tengan acceso a este derecho, aunque se reconoce que la capacidad estatal impide que esto se pueda realizar.
“Hace falta capacitar a más a médicos. Hace falta capacitar y abrir este sistema en el primer nivel, en los centros de salud, que una mujer en su comunidad en su comunidad pueda acceder a un aborto seguro cuando ella lo necesita y que un médico general, una enfermera, una comadrona, pueda darles el medicamento”, señaló el doctor, Pavel Calderón, responsable del programa de “Aborto Seguro” del hospital “Agustín O’Horán”.
En el acto, se precisó que tan solo en este hospital se han atendido a mil 23 usuarias en los últimos dos años que han accedido a un aborto seguro, la mayoría mediante un medicamento o por algún procedimiento ambulatorio.
Se precisó que el 67% solicitó el procedimiento por causal salud, el 8.5% por riesgo de muerte y el 4.5% violencia sexual, además de que el 10% de las pacientes eran menores de edad.
En el mismo foro, se recordó que en Yucatán el aborto aún sigue siendo causal de delito, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso estatal reformar el Código Penal para despenalizarlo bajo ninguna circunstancia.
“Todas aquellas personas cercanas al poder tienen que cambiar esa idea de que el aborto es clandestinidad y por lo tanto, es una sanción social porque estamos hablando de derechos humanos y no podemos poner nuestros juicios personales y nuestras creencias por encima de los derechos de las personas por las cuales los diputados están aquí legislando”, afirmó Andrea Tamayo, abogada y consultora en derechos humanos.
Se precisó que en 15 estados del país han legislado en torno a la interrupción legal del embarazo sin pena alguna hasta las 12 semanas, mientras que en Yucatán solo se permite esta práctica por violación, peligro de muerte, causas económicas y mal formaciones.
