MÉRIDA, 5 de mayo de 2020.- Los responsables de la muerte del tucán que era mascota del fraccionamiento Francisco de Montejo, y otras zonas del norte de Mérida, ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FEG) y la Profepa.
El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que gracias a las denuncias en redes y “atendiendo que la vigilancia y protección de vida silvestre es competencia del Gobierno de México, presentamos este caso por medio de la denuncia correspondiente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)”.
El mandatario indicó “estaremos atentos a su actuación y dispondremos del apoyo que la autoridad nos solicite. Muchas gracias por denunciar estas acciones”.
Como informamos en exclusiva en nuestra edición de ayer, el ave de hermoso plumaje fue atacada el viernes 1 de mayo con un arma de diábolos, en la zona de Dzityá. Tras ser llevado a una veterinaria del oriente de la ciudad, el tucán murió el domingo 3 de mayo.
Su muerte causó consternación en toda la sociedad meridana, principalmente entre aquellos que lo cuidaban dándole agua y comida en zonas de Francisco de Montejo, Cholul y otras zonas habitacionales donde se posaba en los árboles, hermoseando el paisaje con su bello plumaje y la tonalidades de su alargado pico.
De acuerdo con un informe de activistas ambientales que llegó a la redacción de Yucatán Ahora, el viernes 1 de mayo recibieron el reporte de un ave herida en una veterinaria del oriente de la ciudad.
“Al parecer se trataba de una especie protegida y nos trasladamos al lugar, donde nos enteramos que se trataba de un tucán real o pico de canoa, mismo que presentaba dos orificios en la parte baja de la espalda dando la apariencia de un proyectil”, se realata en el informe de Proyecto Santa María, conformado por activistas que protegen a las aves.
“En virtud de que esta especie se encuentra en veda permanente y cualquier manejo debe ser notificado a las autoridades federales en materia ambiental, se hizo el reporte a la delegación de Semarnat y la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa)”, agrega.
“A la vez en la veterinaria nos pedían que alguien se responsabilice de los gastos por concepto de placas y demás tratamientos a lo que accedimos, pues consideramos de extrema urgencia la atención del ejemplar, a la vez que tratamos de indagar quién fue la persona que la llevó y más aún quién le ocasionó ese daño y saber si es el mismo tucán que se hizo popular por encontrarse por los rumbos de Francisco de Montejo, donde incluso los vecinos lo alimentaban”.
“En la veterinaria donde en todo momento colaboraron nos indicaron que fue un cliente que después de dejar el ave y saber que se nos reportaría la abandonó, y es el caso que el día de hoy 3 de mayo por la tarde el ave falleció a consecuencia de la lesiones”.
“La captura, comercio y tráfico de especies no cesa, la insensibilidad y ambición de la gente se alimenta con la impunidad que en estos casos prevalece y hace que cada día esto sea más normal”, lamentan los activistas de Proyecto Santa María.
“Es urgente se ponga un precedente y todos aquellos que están comerciando y traficando con especies protegidas sepan que habrá castigo como lo marca la ley, esto no puede seguir así, esperemos las autoridades den con el responsable de la muerte de este ejemplar y no quede solo en un caso más sin castigo”, concluyen.
La titular de la dirección jurídica de la SDS, Karen Aguirre Bates, interpuso la correspondiente querella contra quien resulte responsable, por la comisión del delito contra la biodiversidad, tipificado en el artículo 420 de la fracción V del Código Penal Federal.
Ante los hechos, prevaleció el hermetismo del encargado del despacho de la Profepa, Jesús Arcadio Lizárraga Veliz.
El tucán es una especie altamente protegida por estar en peligro de extinción. El Código Penal Federal establece en su artículo 420 fracciones IV y V fuertes sanciones a quien capture, dañe o prive de la vida a la especie, la cual se encuentra en veda permanente.
Las sanciones van a de uno a nueve años de prisión y multa por el equivalente de 300 a tres mil días de multa (de 26 mil a 260 mil 640 pesos).
