MÉRIDA, 25 de abril de 2020.- Poco más de dos mil personas se ven afectadas con el cierre de Chichén Itzá, como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus Covid-19, sin que hasta el momento reciban un apoyo por parte de las autoridades federales, afirmó la representante de los cerca de dos mil artesanos-comerciantes que laboran en la zona arqueológica, Mariana Mex Yam.
“La gran mayoría de los artesanos-comerciantes no son tomados en cuenta en lo más mínimo, por lo que si el virus no nos mata, nos matará el hambre”, aseveró.
Recordó que el pasado 20 de marzo se cerró el sitio, y desde ese momento han dejado de laborar, motivo por el cual “nuestros ingresos económicos se ven seriamente afectados al estar poco más de un mes sin trabajo, pues ya hemos acabado con nuestros pocos ahorros, y esta suspensión continua”.
Detalló que son 668 los artesanos-comerciantes que laboramos en el interior de la zona arqueológica, con dos empleados cada uno, haciendo un total de mil 336 personas.
Sin embargo, en la labor diaria en introducir y retirar mercancía se requiere de 42 cargadores, más 20 vendedores de comida, por lo que son dos mil 66 personas que dependen directamente del comercio de artesanías, y de manera indirecta un promedio de 10 mil, todos ellos pobladores de las localidades aledañas de Chichén Itzá, como Pisté, Xcalacoop, San Felipe, San Francisco, Popolá, Dzitás, Xocempich, Libre Unión, Ticimul, Yaxcabá, Chankom, entre otras.
Abundó que la Secretaría de Cultura, el gobierno del Estado, y el INAH ordenaron el cierre de Chichén Itzá a partir del 20 de marzo, hasta nuevo aviso, para evitar contagios masivos por Covid-19, por lo que “tomamos la decisión de no ingresar a la misma para desempeñar nuestra labor del comercio de artesanías”.
Lamentó el desinterés de las autoridades por apoyar a los pobladores que dependen del turismo que arriba al sitio, pues “sólo nos hacen visibles en periodo de campañas políticas y pasado esto nos hacen invisibles”.
Mencionó que están en espera de la respuesta del gobernador Mauricio Vila Dosal, en torno al escrito entregado el pasado 27 de marzo, para que “semanalmente nos apoye lo más pronto posible, a cada una de las dos mil 66 personas antes mencionadas, con 750 pesos y una despensa que contenga alimentos de canasta básica.
Por su parte, Juan González Espadas aseveró que desconoce la fecha de reapertura de la zona arqueológica, y lo peor de todo, “hemos escuchado rumores que una vez que se abra Chichén Itzá de nuevo al público, no nos dejaran entrar para realizar nuestra labor acostumbrada, que hemos hechos por décadas”.
Advirtió que “si las autoridades nos impiden el acceso a Chichén Itzá, se realizarán las acciones que sean necesarias, por drásticas que pudieran ser, para lograr que nos permitan trabajar dignamente en el interior de la zona arqueológica, por ser nuestro derecho, conforme a la Constitución Federal y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la protección a las industrias y trabajos tradicionales de los pueblos indígenas”.
