MÉRIDA.- En un hecho inédito en la justicia laboral de Yucatán, en breve será embargado el predio de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) ubicado en el centro histórico de Mérida, para pagarles a 15 lavadores de autobuses que fueron despedidos injustificadamente y sin pagarles liquidación.
En estos momentos se realiza en la Junta Especial IV una audiencia denominada de sustitución patronal, que es el último paso que realiza la autoridad laboral para ordenar el citado embargo del predio, ubicado en la calle 62 con 73, a unas cuadras del parque de San Juan.
De acuerdo con el expediente de este caso que se origina en 2013, a raíz de la venta de un terreno de la ACY conocido como “El Encierro”, ubicado frente al parque Kukulcán, se despidió a un grupo de 30 trabajadores que se encargaban de lavar los autobuses de 12 de la noche hasta 4 de la madrugada.
Quince de ellos decidieron emprender un juicio porque fueron despedidos sin liquidación, además de que durante muchos años laboraron sin ningún tipo de prestación.
Eran considerados “infratrabajadores”, pero precisamente esa condición hizo que la Alianza no les aplicara las jugarretas que hace con otros de sus empleados, como los choferes, a los que les hace firmar hojas en blanco para que cuando sean despedidos no tengan oportunidad de recurrir a las autoridades de conciliación y arbitraje.
Al ser contratados, a los lavadores de autos no los obligaban a firmar ninguna hoja en blanco, por lo cual abogados aceptaron tomar sus casos.
Es sabido entre los licenciados en derecho que cuando recurre a ellos algún chofer de autobús no aceptan el caso, porque de antemano saben que no podrán hacer mucho por las famosas “hojas en blanco” que les hacen firmar los patrones de la ACY y otras empresas de transporte urbano.
Luego de varios laudos adversos y amparos directos, finalmente se le ordena a la Junta Especial IV que condene a la ACY a que cumpla varios acuerdos, entre los principales que se reconozca la antigüedad de los lavadores de autobuses, se les dé alta retroactiva en el IMSS, que la empresa pague multas, actualizaciones y recargos ante el Seguro Social y todo lo que adeuda por no haber asegurado a esos trabajadores, así como pagarles salarios caídos y otras prestaciones.
A falta de pago de la ACY, se ordena el embargo del edificio de la calle 62 con 73. En una maniobra, la empresa se deslinda diciendo que la propiedad no le pertenece a la Alianza de Camioneros Gonzalo Manzanero, sino a la empresa Camioneros Aliados A.C.
Al continuar el juicio, se determina que ambas empresas son el mismo patrón de los lavadores de autobuses, que ya para entonces se les había pedido que se presenten a trabajar en dicho edificio.
En estos momentos se realiza la audiencia de sustitución patronal, que es el último paso en la Junta de Conciliación para que se embargue el edificio, a fin de que se les pueda pagar a los 15 lavadores de autobuses.
Se espera que la ACY recurra a un amparo, pero sería solo para dilatar el proceso, porque es muy seguro que la autoridad judicial no le conceda la protección y se incline a favor de los trabajadores.
Este caso sería un precedente para aquellas empresas que obligaban a sus trabajadores a firmar hojas en blanco al momento de contratarlos.
También es un golpe para aquellas empresas que utilizan diversas razones sociales para evadir obligaciones fiscales y con los trabajadores.
