MÉRIDA.- La negligencia, el dolo y la corrupción que prevalece en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034 impide la pronta solución a los numerosos líos de terrenos ejidales, cuyos procesos legales se han retrasado de manera notable a consecuencia de la contingencia por Covid-19, afirmó el representante de la asociación Lucha Maya Peninsular, Salvador Ricalday Soto.
El también asesor jurídico de los ejidatarios de Chocholá ejemplificó su caso como parte demandadora, pues las notificaciones no les llegan a tiempo, de acuerdo con lo establecido en la Ley, “como si estuvieran beneficiando a la otra parte”.
Comentó que el pasado 30 de octubre le notificaron que el viernes 6 del mes en curso sería la audiencia sobre una de las querellas interpuestas, es decir, el plazo fue tres días hábiles cuando la ley le otorga seis días.
Remarcó que no es la primera vez que ocurre tal anomalía en su contra, por lo que consideró que en el TUA prevalece “la negligencia, el dolo y puede ser que la corrupción por parte de los notificadores y/o el encargado de los procedimientos”, quienes son los encargados de las notificaciones.
Ante tal irregularidad, anunció que el próximo lunes 16 acudirá al TUA para entregar un escrito, en el cual se señalarán las anomalías al mismo tiempo que le pedirá al magistrado la amonestación al personal que nuevamente incurra a anomalías.
Resaltó que seguirá los protocolos establecidos, pues si la anomalía continuara, entonces interpondrá una querella en contra del magistrado.
El entrevistado comentó que tales irregularidades también prevalecen entre el personal del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la Procuraduría Agraria (PA).
“Ya se interpusieron quejas en contra del personal de la PA y del RAN, en los órganos internos de control, ya que violaron los procedimientos para favorecer a los particulares. Hasta el momento ya se aportaron las pruebas y se esperan los resultados”, acotó durante la conferencia de prensa.
Al hacerle ver que son otros los delegados que están a cargo de ambas instancias federales, afirmó que “se cuestiona la institucionalidad no al funcionario”.
Expresó que en el TUA continúa el proceso interpuesto por los ejidatarios de Chocholá, es decir, hay una demanda la nulidad de compraventa 612 hectáreas de terreno de uso común a varios particulares.
Resaltó que la ley permite que los terrenos de los ejidos pueden ser otorgados a una sociedad para su explotación, con un período de vigencia de 25 años, siempre y cuando se demuestra el buen uso del suelo.
Pero en el caso de Chocholá, “hubo una ficción, primero fue la signación de 612 hectáreas de tierras sin tener expediente de cambio de uso de suelo y mucho menos el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y otras licencias que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A pesar de la arbitrariedad, se entregaron los terrenos a particulares, quienes desmontaron y deforestaron, provocando un daño a la biodiversidad del lugar, expresó Ricalday Soto, quien es asesor jurídico de los ejidatarios de Chocholá desde hace dos años.
Hay 500 ejidatarios en Chocholá, y con la presenta irregularidad se afectó a 60, quienes cuentan con el apoyo de 250 compañeros, por lo que son 310 los inconformes.
Expresó que los procedimientos legales datan de 2013, logrando meter 25 juicios y a partir de 2018 interpusieron cinco más, por lo que ya son 30 los expedientes.
Por lo pronto, hay siete expedientes que están en vías de solución y los otros están en proceso.
Al mismo tiempo, hay dos amparos, uno se interpuso en el Colegiado de Circuito en Mérida y el segundo, en la Ciudad de México.
