El Polígono Industrial de Progreso se convierte en un nido de ilegalidades, cuyos empresarios ponen en riesgo la salud de las familias de Flamboyanes al saber que cuenta con el apoyo del alcalde Julián Zacarías Curi, denunciaron los vecinos de esta comisaría, Ceferino Quiroz Cob, Alexander Borges Méndez, Jorge Alberto Catzín y Margarita Cajún.
Irónicamente, todas estas iniciativas privadas se instalaron en un espacio que años atrás era una reserva ecológica, la cual fue degradada durante el sexenio de Rolando zapata Bello.
En ese período, la llegada de empresas contaminantes a Progreso se fue a la alza sin tomar en cuenta leyes ambientales y sin importar la cercanía de Flamboyanes, por lo que el espacio fue invadido por asfalteras, granjas, cementeras y basureros.
Desafortunadamente, las dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profepa) otorgaron los respectivos Manifiestos de Impacto Ambiental (MIAs), documentos hechos a modo.
Lo peor de todo, a pesar que se han interpuestos amparos, los jueces dictan en contra de los niñas de esta población progreseña, establecieron los inconformes.
A esta ubicación industrial se han instalado empresas de todo tipo, pero que tienen en común el alto nivel de contaminación, entre ellas, la asfaltera Ergon, Hidrosur, las cementeras Fortaleza, así como Cruz Azul, al cual está en construcción, bajo otro nombre para no levantar inconformidades.
De igual forma está en construcción una planta de molienda de cemento en Progreso, a cargo de los socios de la empresa Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM) del Sureste, Ricardo Alessio Robles Cerda y Carlos Alberto Tirado Enríquez, cuyos nombres aparecen en la lista de los Panamá Papers, además de la bodega de Multisur, donde se guarda material pétreo altamente volátil y contaminante.
Desde hace cuatro años, los pobladores de Flamboyanes han levantado la voz desde que se percataron de las posibles afecciones a la salud por la instalación de dichas empresas, fábricas y basureros clandestinos y tóxicos.
Por ende, los vecinos promovieron amparos en representación de los niños del pueblo, sin embargo sus esfuerzos no fueron fructíferos pues sin tener poder económico ni político, lo lograron los amparos, pues de acuerdo con los jueces, “faltaron documentos y fundamentos”.
Pese a ello, los afectados nuevamente se organizan para retomar el tema para luchar por sus derechos.
