El 27 de agosto de 2018 se publicó la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, misma que entró en vigor a partir de enero de 2019, pero a la fecha no se conocen los programas y acciones que dicha ley establece, indicó Vida Gómez Herrera.
La legisladora naranja mencionó lo anterior al proponer un punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado a terminar con las omisiones en la atención de la salud mental de la población yucateca, ya que “las leyes no sirven de nada, si no se llevan a la acción”.
Recordó que Yucatán ocupa el tercer lugar en suicidios a nivel nacional, y según cifras oficiales desde 2018 se han registrado 893 casos.
“Seguramente esto lo han escuchado muchas veces, y cada vez es más grave y dolorosa la situación y la desesperación no solo de quienes pierden un ser querido en estas circunstancias, sino de toda la sociedad. Es evidente que algo muy grave ocurre y no podemos ni debemos considerar a estos indicadores como parte de una normalidad”, señaló.
Mencionó que como parte de su tarea legislativa ha escuchado a la ciudadanía en foros incluso itinerantes de Parlamento Abierto para conocer opiniones y aportaciones de las personas “incluidos especialistas en temas de salud mental, estudiantes, madres y padres de familia, asimismo recogimos los testimonios de personas que padecen por la falta de apoyos para consultas y atención especializada”, indicó.
Como producto de los Foros, Gómez Herrera presentó un punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado que dé a conocer el Programa de Salud Mental, que debió ser elaborado desde 2019, así como los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo de Salud Mental del Estado.
De igual forma, se incorporen a las asignaturas de todos los niveles educativos, estrategias y programas de salud mental, así como capacitación y material informativo sobre salud mental al personal de Educación y a las madres y padres de familia, para identificar y prevenir algún tipo de trastorno en las y los alumnos, acciones que están contempladas en la Ley.
También requiere que se garantice la habilitación e inicio de operaciones de las villas de transición hospitalaria que se sabe empezaron a construirse, lo cual también es mandato de Ley.
Finalmente, Gómez Herrera propuso exhortar al Ejecutivo del Estado a destinar la asignación presupuestal suficiente para garantizar la plena atención en materia de Salud Mental de la población, toda vez que la Ley establece que debe ser un 7% del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, lo cual no se ha cumplido desde 2019.
Observó que la irrupción de la pandemia no es justificante para no haber cumplido en tiempo y forma con el mandato legal.
“Por el contrario: las graves crisis de salud, económica y educativa a las que nos expuso la pandemia también han afectado seriamente la salud mental de la población, en opinión de expertos y según nos ha expuesto la ciudadanía. No podemos ser ajenos a esta situación. Tenemos una responsabilidad que cumplir con nuestras y nuestros representados”, concluyó.
