La defensa del patrimonio y los intereses de las y los meridanos, siempre en estricto apego a la ley y con todos los medios legales al alcance del Ayuntamiento de Mérida, tuvo frutos con la resolución del Juzgado 4 de Distrito en materia civil de la Ciudad de México de dejar sin efecto el proceso de embargo que inició la institución bancaria Santander en contra del Municipio.
La administración municipal inició un proceso legal para impedir que los intereses de particulares se sobrepongan al interés colectivo, sobre todo en un tema que afectaría el patrimonio y los servicios a los que tienen derecho los habitantes del Municipio.
Así, el Ayuntamiento inició un proceso jurídico en el caso del adeudo con el banco Santander, derivado de actos realizados en administraciones anteriores, y en el cual la Comuna nunca se ha negado a cumplir con las obligaciones de pago.
Apegados a lo que marca la ley en estos casos y para evitar posibles afectaciones en los servicios que el municipio debe prestar a sus ciudadanos, desde el 24 enero de 2019 se presentó ante Juzgado 3o. de Distrito de la Ciudad de México, donde se lleva el proceso, un programa de pagos que fue ignorado por dicha autoridad, motivo por el cual el 11 de agosto pasado el municipio lo presentó de nuevo, incluso actualizado.
El municipio ratifica ante todas y todos los meridanos que esta defensa de los intereses del colectivo, logró que las instancias federales dejen sin efecto las diligencias realizadas el pasado 25 de agosto por el banco para embargar a la comuna meridana cuentas bancarias que resultan inembargables, y por ende se consideró que era defectuosa y no se apegaba a lo que fue ordenado.
Estamos en espera de la aprobación del programa de pagos presentado por el Ayuntamiento como el mecanismo previsto por el artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, aplicable al caso concreto, para de esa forma cumplir con el adeudo a su cargo, mostrando con ello su siempre disposición para cumplir sus obligaciones; y a la vez no causar afectaciones a los ciudadanos a quienes tiene la obligación constitucional de prestar servicios públicos.
El Ayuntamiento de Mérida reitera su total disposición al diálogo; en el marco de la ley y con la única condición de privilegiar en todo momento el interés de quienes habitamos en el municipio.
