Por: Manuel Francisco Lizarraga López
Se dice que México es un país de leyes, pero son leyes hechas a modo, y son aplicadas también a modo. El tema es muy importante y extenso sobre todo cuando las consecuencias son la impunidad que prevalece y que a su vez permiten que la corrupción se vea como algo natural.
A principios del año pasado la ASEY demandó ante la fiscalía especializada en el combate a la corrupción a varios ex alcaldes por no haber solventado ni comprobado varios millones de pesos, de sus cuentas del 2018.
Después de 17 meses, ninguna de esas denuncias tuvo consecuencias legales, mucho menos se reintegró a la hacienda pública dichos millones de pesos.
Muchos nos preguntamos cómo están tan seguros estos ex funcionarios que gozarán de impunidad. Como dije al principio, las leyes están hechas para protegerlos, no para castigarlos.
La ley de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán, impide que la fiscalía Anticorrupción pueda vincular a esos ex funcionarios a un proceso legal, debido que les da la opción de acogerse al artículo 12 de la ley de lo contencioso administrativo del estado de Yucatán para iniciar un juicio contenciosos ante el tribunal de justicia administrativa del estado de Yucatán, en dónde por cierto existen decenas de expedientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 pendientes de resolver y próximos a prescribir, como ha sucedido con otros de años anteriores.
Como es posible que si la ASEY finca responsabilidad y los hace responsables de un daño patrimonial, convierta estos hechos que pueden constituir un delito penal, en un asunto de carácter administrativo.
Es urgente que la próxima legislatura revise está ley para evitar que lagunas legales permitan la impunidad. Queda claro que el órgano fiscalizador busca dilatar la aplicación de la ley en tiempo y forma.
