Aunque se han presentado avances importantes en cuanto a equidad, todavía resta mucho camino por recorrer, según el Informe Final “ElectoAlertaDH”, sobre el Monitoreo del Proceso Electoral 2023-2024 en Yucatán, realizado por el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), cuyos resultados arrojaron que un alto índice de representantes femeninas fueron postuladas a puestos de baja competitividad.
El proyecto se enfocó principalmente en los cargos de Gobernador, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías, basado en tres temáticas fundamentales como la “Violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMRG)”, “Acciones afirmativas dirigidas a la comunidad indígena y LGBTTTIQ+”, así como la “Ley 3 de 3 contra la violencia de género”.
“El objetivo principal de este esfuerzo fue monitorear el proceso electoral 2023-2024 en Yucatán, a través de un enfoque de derechos humanos y una perspectiva interseccional y también multicultural, nuestro propósito es obtener resultados, información, que nos permita desde estos enfoques contar con herramientas para entender la realidad que estamos viviendo en el estado”, expresó María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del Cejudi, en el anuncio, en conocido hotel de la ciudad.
De acuerdo con Balam Aguilar, en el proceso participaron 258 féminas, 290 hombres y una persona no binaria, lo que representa el 47.3, 52.6 y 0.2 por ciento, respectivamente.
“Como parte de los hallazgos que tenemos, las mujeres candidatas entre los partidos políticos fueron principalmente ubicadas en municipios de competencia baja y media, por el contrario, los hombres fueron considerados en la alta. Una de las conclusiones que es relevante mencionar es que las postulaciones de mujeres en áreas de baja competitividad partidista también puede ser catalogada como una forma de violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que la probabilidad para que sean electas es menor a que sean postuladas en un municipio de alta competitividad”, indicó.
Cabe señalar que entre enero 2023 y mayo 2024 se presentaron 125 demandas para iniciar un juicio de derechos políticos del ciudadano, de los cuales el 2.4 por ciento fueron para casos de VPCMRG.
“Ningún porcentaje es menor cuando hablamos de esta problemática, cualquiera es significativo y urgente, pero también muchas de las razones por las cuales no son iniciados los procedimientos formales o uno especial sancionador, muchas veces es por la falta de acceso de las mujeres al proceso, falta de conocimiento sobre sus derechos políticos o las barreras que existen en su entorno, así como miedo a algún reproche o castigo por parte de la sociedad”, afirmó.
En cuanto a las acciones afirmativas dirigidas a la comunidad indígena y LGBTTTIQ+, la participación alcanzó el 40.2 por ciento, un 30.8 en el caso del primero grupo y 2.4 para el segundo.
“Se registraron tres casos de simulación de candidaturas por acción afirmativa. La verificación de la autodescripción indígena o de pertenencia de la comunidad LGBTTTIQ+ es uno de los desafíos más grandes para la aplicación efectiva de las acciones afirmativas”, dijo.
Del mismo modo, respecto a la Ley 3 de 3, Balam Aguilar aclaró que no se identificó ninguna revocación formal, aunque sí se registraron denuncias y señalamientos públicos en redes sociales contra ocho candidatos por presuntamente incurrir en alguna situación tipificada.
Por último, la dirigente resaltó que en base a estos resultados se emitieron 25 recomendaciones a todas las autoridades electorales, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), el Tribunal Electoral del Estado (TEEY) y el INE.
