La iniciativa priista incluye sanciones a notarios que participen en robos de tierras y fraudes patrimoniales, así como devolverle la función social al notariado.
Gaspar Quintal Parra, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Yucatán, presentó una iniciativa durante la sesión del pleno del Congreso para reformar la Ley del Notariado y el Código Penal; con el fin de establecer la obligación para las notarías de aplicar una tarifa social con precios bajos para las personas de escasos recursos y para imponer sanciones penales a los notarios que violen la ley haciendo uso de sus atribuciones y a las personas que cometan delitos usando servicios notariales.
“También quiero enfatizar que estamos del lado de los que menos tienen y con la tarifa social pagarán 50% menos de los honorarios por los servicios de los notarios, sin considerar los pagos de patentes y derechos. Esta tarifa aplicará cuando el costo del trámite represente al menos un 30% de lo que el ciudadano gana al mes, siempre que acredite carencia de recursos económicos”, afirmó.
Quintal Parra dijo que para llevar a cabo una reforma profunda de la función notarial debe existir un diálogo a través de una amplia convocatoria que involucre a los notarios actuales y futuros, a los usuarios de estos servicios, empresarios, profesionales del derecho, colegios, universidades, y a todo ciudadano interesado en el tema.
“La necesidad de una reforma de gran calado es imperante, para priorizar la función social del notariado y dejar atrás la visión de un negocio con jugosas ganancias económicas. Una reforma que tenga 3 objetivos principales: Bajar los costos de los servicios notariales haciéndolos asequibles para los que menos tienen, asegurar su accesibilidad a toda la población, principalmente de los municipios del interior del estado y garantizar la actuación honesta de quienes ejercen la actividad notarial”, subrayó.
El legislador manifestó que los diputados priistas están a favor de una consulta donde se aborden todos los aspectos, desde los precios de los servicios, las formas de asignación de las notarías, la temporalidad del encargo y las sanciones a faltas en el ejercicio del mismo. Una consulta que permita modernizar la regulación de esta actividad, garantizando el enfoque social de la función notarial.
La propuesta presentada también establece que se impondrá de 4 a 8 años de prisión, y multa de 200 a 360 unidades de medida de actualización, y cancelación definitiva de su patente, al notario público que en el ejercicio de sus funciones viole la ley. Del mismo modo, a la persona que lleve a cabo delitos usando servicios notariales, proporcionando al notario información o documentos falsos, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de medida de actualización.
Sería sancionado el notario que expida una certificación de hechos que no sean ciertos o que por engaño o sorpresa hagan que alguien firme un documento público que no habría firmado sabiendo su contenido; en este último caso se consideraría una agravante si el afectado es una persona mayor a 60 años.
Así mismo, si falsifica instrumentos o documentos dando cuenta de actos inexistentes; si se atribuye a él mismo o a un tercero un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto al extender un documento; o si formaliza o da fe de algún acto que implique la comisión de un hecho delictivo siempre que haya conocido la ilicitud del acto de manera previa a la formalización o que conociera el uso indebido que se pretendía dar posteriormente al documento expedido por él.
En los casos en que el notario partícipe certificando actos que pudieran considerarse fraudes de tierras o patrimoniales será sujeto a sanciones y si el fedatario tenía conocimiento de que el inmueble es propiedad de otras personas, la sanción aumentará en una mitad.
Suscribieron la iniciativa las diputadas Karla Franco Blanco y Fabiola Loeza Novelo, integrantes de la Fracción Legislativa priista.
