*Activistas y promotoras de la propuesta esperan que ésta se apruebe antes de finalizar este mes.
Encabezadas por la reconocida abogada Patricia Olamendi Torres, las integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) presentaron este día los avances sobre la “Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3 Contra la Violencia”, destacaron que buen camino y confiaron que se apruebe antes de que finalice el actual periodo de sesiones del Congreso del Estado, lo que convertiría a Yucatán en el primer estado en establecer una legislación al respecto.
Como se sabe, esta propuesta solicita que “Nadie que aspire a algún cargo público o candidatura, puede tener antecedentes, denuncias o sentencia de violencia e incluye a acosadores, agresores, deudores de alimentos o pensión y otro tipo de delitos.
“Si lo piensan bien, nos damos cuenta que es una de las cosas más racionales que existen, ya que si alguien está interesado en hacer carrera política y meterse a un cargo público, debe tener un historial de vida honesto, si no es el caso, que ni busque el cargo porque no es bienvenido a la vida democrática ni al trabajo público”, dijo Olamendi Torres, en rueda de prensa, efectuada en conocido hotel del Paseo de Montejo de esta ciudad.
“En el marco jurídico de responsabilidades, si quieres ser servidor público por elección o designación no debes tener ningún antecedente de denuncia o sentencia por abuso o violencia de género, adeudo de pensión alimentaria o violencia política y lo de vida honesta no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregó.
Las integrantes de AMISY presentaron la iniciativa desde noviembre pasado y esperaban que fuese aprobada durante marzo, en el marco del Mes de la Mujer, aunque de acuerdo con Olamendi Torres se han movido algunas “comas” de la propuesta y el proceso de ha retrasado.
“Confiamos que se logre en el actual periodo de sesiones (termina el 31 de mayo), cuando hay consenso los acuerdos se dan rápido. Yucatán será el primer estado del país que vaya con esta ley y eso es un referente nacional, no queremos que esta gente busque un cargo porque no son bienvenidos a la vida democrática ni al trabajo público”, reiteró la abogada.
Por su parte, María Eugenia Núñez Zapata, representante de AMISY, destacó que por ningún motivo, una aspirante a un cargo público debe contar con antecedentes de abusador, violento, deudor de pensión alimenticia o corrupto.
“Los mismos partidos políticos deberán analizar a quienes postulan o las instituciones que pretenden nombrar antes de que tomen los cargos o se presenten en elecciones, la Ley 3 de 3 busca desterrar para siempre a los que cometen delitos para que nunca más un agresor, un deudor o un violador esté en un cargo público”, manifestó.
Al anuncio asistieron igualmente activistas como Silvina Contreras Capetillo, Ligia Laucirica Guanche, Ligia Vera Gamboa, Rosa Cruz Pech y Rosalía López Castro.
