Francisco José Parra Lara
Doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato
‘Referéndum: No es una vía idónea para inconformarse contra la nueva ley del ISSTEY’. En atención a que, según varios medios de comunicación, se dio a conocer el hecho de que se están recabando firmas para, por medio de ese instrumento de participación ciudadana, se tenga por no aprobada dicha ley, cabe decir que la norma que instrumentaliza dicho procedimiento cívico (la Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán, señala en su artículo 48, fracción I, que no serán materia de referéndum las disposiciones legales de carácter tributario, fiscal y financiero.
Características normativas, al menos dos de ellas, que sí estarían correlacionadas con dicha ley, máxime si se ve que en su exposición de motivos se insiste con énfasis que la finalidad de la misma es darle viabilidad financiera al instituto de mérito.
De ahí que se considere que quien se sienta agraviado por algún o algunos artículos de la citada ley en materia de seguridad social, tiene expedito el juicio de amparo indirecto (individual o colectivo).
Sin dejar de lado la facultad que tienen los siguientes entes públicos de combatirla con efectos erga omnes (para todos) a través de la acción de inconstitucionalidad (federal): 1. El Ejecutivo Federal, a través del Consejero Jurídico de su gobierno. 2. El 33 % de los legisladores locales de Yucatán. 3. La CNDH. 4. La CODHEY.
