La acción de inconstitucionalidad, presentada por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley 3 de 3 podría tardar varios años en admitirse.
Según la agrupación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (Amisy), la ley sigue vigente, pues tampoco se establecieron medidas cautelares para evitar que se aplique.
«Nuestra ley es ley y aplicable, en tanto la SCJN no emita un dictamen en contra. No hay ninguna suspensión declarada. Esto no significa que en el próximo proceso electoral en Yucatán, no se aplique la ley 3 de 3», señaló María Eugenia Núñez Zapata, integrante de este grupo.
Las integrantes de la agrupación señalan que, incluso, la medida que busca evitar que deudores alimentarios y personas denunciadas por violencia lleguen a cargos de elección popular, ya ha sido retomada por otras entidades como Oaxaca, Sonora y Sinaloa.
Se dio a conocer que legisladores federales avalaron la propuesta, que se encuentra vigente en Yucatán, según una carta enviada a Amisy por las comisiones de derechos de la niñez y adolescencia, así como de derechos humanos de la Cámara de Diputados.
Las integrantes afirman que los legisladores refrendaron que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es una conducta que se constituye como violencia económica por lo que urge a que se cumpla esta obligación.
Cabe recordar que la Ley 3 de 3 surgió de una reforma a la Constitución de Yucatán y de las leyes electorales, con el fin de evitar que haya aspirantes o funcionarios que hayan sido denunciados por violencia.
«Se configura como un retroceso en materia de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Preocupa que dicha acción ignore los acuerdos de la Convención sobre los derechos del niño», refirió Silvina Contreras, otra de las integrantes de Amisy.
