En busca de evitar fraudes, contar con personal verdaderamente capacitado para la función y regularizar el sector, Enrique Trava Griffin, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), informó que promueven un proyecto de Ley para establecer determinados requisitos a quienes consideren dedicarse a este ramo.
De acuerdo con Trava Griffin, actualmente existen entre siete mil y 10 mil personas que de manera preponderante o como segundo empleo se dedican directa o indirectamente a la vente inmobiliaria.
Cabe señalar que la AMPI hizo llegar la propuesta de “Ley Estatal de Prestación de Intermediación Inmobiliaria” a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Yucatán, para agregar opiniones, acciones o sugerencias.
“Ante el boom inmobiliario que atravesamos ha habido gente a la que se le ha hecho fácil entrar a esta actividad económica, pero son temas de alta relevancia, pareciera fácil para muchos, pero también es muy fácil meter en problemas a las familias, estamos viviendo una oleada de gente que todos los días se autodenomina asesor inmobiliario”, dijo
“Lo que buscamos es que para poder dedicarse profesionalmente a este ámbito, de manera legal, se deba pertenecer a un registro estatal y para acreditar la pertenencia a este registro estatal tendrá que contar con una licencia y a su vez formar parte del comercio formal, estar dado de alta en hacienda, ya que se han detectado temas de evasión fiscal, además de demostrar conocimientos y capacidades. Estamos haciendo esfuerzos para formalizar este sector”, agregó.
El dirigente resaltó que la expectativa es que la propuesta ingrese al Congreso del Estado el primer semestre del 2023 y que cuente con una visión no únicamente por parte de la AMPI sino de todos los actores relacionados con el ramo inmobiliario.
“Estamos gestionando la creación de un Consejo Estatal para que todos los involucrados podamos vigilar, dar seguimiento y determinar cambios en la reglamentación. Estamos también presentando un tema de multas para el que se ostente como profesional sin tener licencia estatal o haber acreditado”, manifestó.
“La propuesta igual incluye que podamos depender de la Sefoet porque lo consideramos un aspecto preponderantemente económico, valores el detalle de certeza legal”, concluyó.
