El diputado Gaspar Quintal recordó que esta propuesta busca empoderar a la institución y al Fiscal, para investigar y perseguir los delitos con una representación real de la sociedad.
La iniciativa presentada por la Fracción Legislativa del PRI que establece dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General del Estado de Yucatán para combatir la impunidad, ya se está analizando en Comisiones del Congreso local y cuenta con amplio respaldo del sector empresarial.
Esta propuesta legislativa fue entregada por el coordinador de la bancada priísta, Gaspar Quintal Parra, el pasado 30 de noviembre del 2022, con el objetivo de que se garantice que la ciudadanía pueda acceder a la justicia de manera eficaz y que dicha institución no dependa del gobernador en turno.
La actual presidenta de la Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa, ha hecho un llamado a que se revise la pertinencia y viabilidad de que la Fiscalía de Yucatán cuente con autonomía para seguir fortaleciendo el sistema judicial y la seguridad en nuestra entidad.
En ese mismo punto coincide el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Yucatán, Jorge Charruf Cáceres, quien ha manifestado públicamente que al dotar de autonomía a la Fiscalía, se estará dando un gran paso al combate a la impunidad.
Ambos dirigentes empresariales señalan que es necesario que esa iniciativa, la cual es impulsada por el PRI, se apruebe en la actual Legislatura para robustecer la certeza jurídica en Yucatán.
Por su parte, el diputado Gaspar Quintal, quien es el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso, recordó que esta propuesta busca empoderar a la institución y al Fiscal, ya que al no existir subordinación a otro Poder, podrá investigar y perseguir los delitos con una representación real de la sociedad, sin ningún otro interés más allá del estricto apego a la ley.
En ese contexto, recordó que únicamente 6 entidades del país continúan con Fiscalías dependientes del Gobierno del Estado, entre las cuales se encuentra Yucatán, en contraste a las 26 que han transformado sus instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos, adoptando la naturaleza de organismos constitucionales autónomos, de ahí la relevancia de aprobar su iniciativa.
