• Presupuestos deben garantizar atención a derechos de las personas de la diversidad sexual.
La representación legislativa de Movimiento Ciudadano en Yucatán llamó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado a cumplir puntualmente la sentencia del juzgado quinto de Distrito que condenó al propio Congreso y al gobierno estatal a modificar el presupuesto en curso para asignar recursos que garanticen la atención de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
En oficio dirigido a las personas integrantes de la Junta, la coordinadora estatal naranja Vida Gómez Herrera indicó que desde Movimiento Ciudadanos se ha respaldado y apoyado a la comunidad LGBT+, así como a todas las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
“En congruencia y seguimiento a esta postura, me dirijo a usted en mi calidad de diputada presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y también como representante legislativa de Movimiento ciudadano, para hacer un llamado a la todas las fuerzas políticas que integran la Junta de Gobierno y Coordinación política, para que acatemos la resolución sin dilación alguna, y trabajemos a la brevedad para resarcir la omisión, con la inclusión de una partida presupuestal destinada a garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en el Presupuesto de Egresos 2023, además de exhortar al Poder Ejecutivo a diseñar políticas públicas en beneficio de estas y asegurarnos de que esta acción se realice en cada paquete fiscal”.
El pasado 10 de febrero, las organizaciones Colectivo para la Protección de Todas las Familias en Yucatán, y AMICUS DH, promovieron una demanda de amparo contra el Gobernador Constitucional y contra el Congreso del Estado, por la ausencia de asignaciones específicas para atender a la comunidad LGBTTTIQ+ en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.
El Poder Judicial de la Federación, a través del juzgado quinto de distrito en Yucatán, resolvió en junio el amparo número 226/2023-VIII a favor de las personas promoventes, por considerar fundados y suficientes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, consistentes en la violación de los derechos de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1ro constitucional.
En la comunicación a la Junta de Coordinación Política del Congreso, Gómez Herrera informa también acerca de “las solicitudes expresas que hemos recibido por parte de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ relativas a la creación de un mecanismo de participación ciudadana en el que se convoque a todas las organizaciones que trabajen a favor de dicha comunidad LGBTTTIQ+, para el diseño y evaluación de las políticas públicas, así como para la fiscalización social de los recursos etiquetados ex profeso”.
“En Movimiento Ciudadano es nuestra convicción que la única forma de trabajar hacia un mejor futuro es de la mano de la ciudadanía, devolviendo el poder a la gente y garantizando la participación de todas, todos y todes en el diseño de los presupuestos y en la toma de decisiones públicas”, concluye.
