Liderazgos y representantes de las principales organizaciones pesqueras del estado hicieron un llamado a la acción a las autoridades federales ante la parálisis operativa que enfrenta el sector.
En conferencia de prensa, manifestaron graves afectaciones causadas por la falta de un titular en la Capitanía de Puerto desde hace seis meses, el severo rezago en la expedición de permisos por parte de Conapesca -lo que mantiene al 30% de la flota amarrada en muelles- y el incremento de la pesca ilegal debido a la falta de inspección y vigilancia.
Al respecto, Félix Luna Gómez, gerente de la Canainpesca Yucatán, enfatizó la urgencia de regularizar la gestión administrativa en el puerto. Señaló que la ausencia de un titular en la Capitanía de Puerto desde hace medio año ha frenado trámites clave, entre ellos la impartición de cursos para renovar las libretas de tercer motorista, las cuales continúan venciéndose sin opción de actualización.
Por ello, solicitó el apoyo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (SEPASY) para gestionar una reunión directa con Conapesca que agilice la expedición de licencias en la entidad.
Por su parte, Ana María Frías, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán, calificó de crítico el retraso de Conapesca en la entrega de permisos de pesca, acumulación que acarrea trámites pendientes desde el 2019.
Detalló que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos, los recientes cambios administrativos han ralentizado el proceso, a tal grado que el 30% de las embarcaciones están amarradas en los muelles sin poder operar legalmente. Asimismo, reiteró el rechazo del sector hacia la pesca furtiva y exigió una regularización inmediata.
En esa misma línea, Ana María Pech, presidenta de la Unión de Armadores de Yucatán, lamentó la constante rotación de personal en la Capitanía de Puerto y la falta de un responsable fijo. Explicó que no hay personal capacitado para impartir los cursos que permitan regularizar al personal a bordo y que otra de las problemáticas operativas es el cambio en los despachos de las embarcaciones, los cuales anteriormente contaban con una vigencia de 90 días.
Asimismo, Herbert Crisanti, presidente del Consejo Pesquero Unificado, coincidió en que la falta de llegada de los permisos está afectando gravemente la economía y sustento de las familias que dependen del mar.
Finalmente, Juan Carlos Pech, integrante de la Federación de Cooperativas Pesqueras, advirtió sobre el impacto social y ambiental de esta parálisis institucional, señalando que la falta de liberación de permisos ha provocado un aumento preocupante en la pesca ilegal.
Denunció que la falta de inspección y vigilancia por parte de las autoridades, particularmente de Conapesca, ha agravado la situación en la costa yucateca.
