El diputado local Bayardo Ojeda Marrufo acumula un total de 18 denuncias penales por el delito de fraude en la entrega de casas del programa Viviendas para el Bienestar.
Este día se registró la querella número 18, en esta ocasión por parte de la ciudadana Lucelly Canché Kú, originaria de Mérida, quien acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia.
Relató que hace tres meses la operadora política del diputado Bayardo Ojeda, Mildred Cimá Noh, la invitó a formar parte del grupo de ciudadanos de La Herradura III, de Ciudad Caucel, para participar en actividades políticas y de activismo social.
Agregó que el pasado martes 2 de junio, Mildred Cimá envió un mensaje vía WhatsApp a los integrantes del citado grupo para invitarlos a acceder al programa de Viviendas del Bienestar, con un costo total de $150 mil pesos, para lo cual tenían que entregar un anticipo de $25 mil pesos, y seguidamente al recibir la casa entregar otro monto por $25 mil pesos, y posteriormente pagar a plazos la propiedad.
La denunciante explicó que el pasado viernes 5 de junio entregó los $25 mil pesos a través de transferencia a una cuenta bancaria a nombre de Anabelle Chong Muñoz, y que acudió personalmente a la vivienda que supuestamente recibiría, ubicada en Ciudad Caucel.
Dijo que se dio cuenta de que había sido víctima de un fraude porque el nombre real de la persona propietaria de la cuenta bancaria en la que hizo el depósito es Amairany González Cab, quien es asistente del diputado Bayardo Ojeda, y también al percatarse de que el oficio que recibió no es ningún contrato.
“Yo le pedí a la operadora política Mildred Cimá explicaciones sobre quién me respalda por los 25 mil pesos que di, pero me respondió que ese proceso se vería con Amairany González pero la única respuesta que recibí es que tanto ella como el diputado Bayardo Ojeda me pueden atender pero hasta dentro de un mes, por lo que procedí a interponer la denuncia penal”, dijo Lucelly Kú.
La afectada hizo un llamado a las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones establecidas en la legislación.
