En un paso importante para fortalecer la justicia familiar y proteger a quienes más lo necesitan, la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que reforma el Código Penal del Estado para fortalecer la reparación del daño en los casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
Esta propuesta de reforma busca garantizar mayor protección a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, reconociendo que detrás de cada caso existen familias que requieren respaldo institucional para asegurar condiciones de vida dignas.
El dictamen deriva de la iniciativa presentada por el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil (morena), mediante la cual se reforman disposiciones de los artículos 33 y 221 del Código Penal estatal para ampliar el concepto de reparación del daño en este tipo de delitos.
Entre las modificaciones aprobadas se establece que, tratándose del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, el órgano judicial deberá considerar dentro de la reparación del daño no solo el pago de pensiones alimenticias vencidas, sino también los gastos realizados, deudas y obligaciones contraídas por las personas acreedoras alimentarias o sus representantes legales durante el periodo en que persistió el incumplimiento, siempre que hayan tenido como finalidad garantizar la subsistencia de quienes dependen de dichos recursos.
Asimismo, se contempla la posibilidad de incluir en la reparación los gastos derivados de la asesoría jurídica particular cuando estos se acrediten ante la autoridad judicial, así como la obligación de observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez cuando el delito involucre derechos de niñas, niños y adolescentes.
La reforma también establece que, en los casos en que el incumplimiento se refiera a hijas, hijos o personas adultas mayores, o cuando exista imposibilidad para presentar querella, el delito podrá perseguirse de oficio, facultando al Ministerio Público para promover la designación de un tutor o representante para las víctimas ante la autoridad judicial.
Durante el análisis, la diputada Neyda Pat Dzul (morena) y el diputado Gaspar Armando Quintal Parra (PRI) expresaron su apoyo al dictamen y presentaron propuestas de modificación para enriquecerlo, mismas que fueron aprobadas e incluidas en el proyecto final.
Tras la discusión y la incorporación de las modificaciones planteadas, el proyecto de dictamen fue aprobado por unanimidad de las y los integrantes de la comisión.
Finalmente, la presidenta de la comisión, diputada Estefanía Baeza Martínez (morena), instruyó a la Secretaría General del Congreso a distribuir de manera digital el dictamen aprobado a todas y todos los diputados de la Legislatura para continuar con el trámite legislativo correspondiente.
