Con consignas en defensa del agua, la tierra y la autonomía de los pueblos originarios, representantes de comunidades mayas alzaron la voz en Mérida para denunciar lo que califican como despojo y afectaciones a su territorio.
Acompañados por la Fundación Yansa, delegados de Ixil, Kinchil, Santa María Chí y Molas denunciaron proyectos inmobiliarios y agroindustriales que, aseguran, avanzan sin consulta y ponen en riesgo su territorio.
Uno de los casos expuestos es el proceso legal iniciado desde Santa María Chí contra la “Granja Porcícola Santa María”, propiedad de Pecuaria Peninsular, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, también conocida como granja San Gerardo. También señalaron el proyecto Ciudad Maderas, que enfrenta un amparo por 27 millones de pesos, así como desarrollos vinculados al Grupo Ceiba Inmobiliaria, a quienes acusan de priorizar intereses empresariales sobre el bienestar comunitario.
“Estamos defendiendo el territorio porque queremos mejorar nuestra comunidad. Llevamos cinco meses organizándonos y ya tenemos proyectos con beneficios evidentes para la gente, pero las empresas solo ven su propio interés” externó el comisario de Santa María Chí, Wilberth Nahuat Puc.
Por su parte, Gregoria del Rosario Dzul, integrante del consejo comunitario de Kinchil, denunció afectaciones en la zona, donde —afirmó— se ha dañado el territorio con la destrucción de estructuras antiguas y el entierro de pozos. También mencionaron la participación de la empresa Crio y de Juan Góngora en procesos que, aseguran, han generado controversia legal y ambiental.
Las comunidades recalcaron que su lucha es jurídica y organizativa. A través de amparos, denuncias formales y la conformación de consejos comunitarios, sostienen que los pueblos mayas están ejerciendo su derecho a defender el territorio desde lo legal, haciendo valer los mecanismos institucionales para proteger su identidad.
