El Centro Empresarial de Mérida (Coparmex Mérida), que agremia a más de 600 compañías en el Estado, manifestó su rechazo a cualquier propuesta del Gobierno del Estado que implique aumentar las tasas impositivas actuales o crear nuevos impuestos para el ejercicio fiscal 2026.
“La prioridad del Gobierno debe centrarse en la contención del gasto público y la eficiencia administrativa, no en la imposición de cargas adicionales a los contribuyentes”, señaló el organismo en un comunicado, al subrayar que las empresas yucatecas ya enfrentan un contexto económico complicado.
Coparmex Mérida advirtió que incrementar la carga fiscal tendría efectos negativos directos como “mayor presión competitiva”, pues afectaría la atracción de inversiones y la generación de empleo formal.
Asimismo, indicó que cualquier nueva carga impositiva terminaría trasladándose al costo de productos y servicios, con lo que disminuiría el poder adquisitivo de las familias. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo estatal y al Congreso local a descartar iniciativas que contemplen nuevos gravámenes.
El organismo empresarial añadió que la solución financiera del gobierno no puede “recaer, una vez más, en la sobrecarga de ciudadanos y empresas que ya cumplen con sus obligaciones fiscales”, recordando que Yucatán es uno de los estados donde el sector privado paga más impuestos.
En el mismo sentido se pronunció la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco), afirmando que “la competitividad de Yucatán depende de brindar certeza a las empresas para invertir, crecer y generar empleo”.
El organismo subrayó que la estabilidad económica “no se construye con más impuestos, sino con mejores condiciones para invertir”, por lo que rechazó cualquier ajuste que incremente la carga fiscal actual.
Canaco Mérida reiteró su disposición para trabajar con las autoridades en propuestas que fortalezcan las finanzas públicas sin afectar a empresas ni familias.
Entre las prioridades señaladas están el combate a la informalidad, la mejora regulatoria, el impulso a infraestructura estratégica y la generación de condiciones que favorezcan el empleo y el desarrollo económico del Estado.
