La alcaldesa de Umán, Kenia Walldina Sauri Madariaga no sólo enfrenta una denuncia por actos anticipados de campaña tras la colocación de su nombre en instalaciones públicas, sino que ahora la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) reveló que en sus primeros cuatro meses de administración, es decir, de agosto a diciembre de 2024, la alcaldesa emanada de Morena incurrió en daño patrimonial por al menos $1 millón 252 mil 485.52 pesos.
Con la mayoría de este dinero, se habría hecho pagos de apoyos a “fantasmas” porque no comprobó ni evidenció a quién otorgó los apoyos reportados; y asimismo se detectó suplantación de personas.
De acuerdo con el segundo informe de resultados de la cuenta pública 2024 que la ASEY entregó al Congreso del Estado el 30 de octubre pasado, y del cual YUCATÁN AHORA cuenta con una copia, las graves irregularidades cometidas por la alcaldesa de Umán, Kenia Walldina Sauri Madariaga son, entre otras, las siguientes:
– Se detectó que se realizaron pagos por $957 mil 228 pesos en los meses de septiembre a diciembre de 2024, por concepto de “Ayudas sociales G. Corriente”, pero de la revisión de la documentación comprobatoria proporcionada por la entidad fiscalizada, se identificaron inconsistencias en las firmas asentadas en los recibos de tesorería.
En particular, se detectó que las firmas contenidas en dichos recibos no coinciden con las firmas plasmadas en las identificaciones oficiales de los beneficiarios, presentadas como parte de la documentación soporte, así como tampoco proporciona, en algunos casos, los recibos de tesorería firmados por los beneficiarios y las identificaciones oficiales, por lo que no se justifica el destino final del gasto.
– Se detectó que se realizó un pago por $102 mil 834.12 pesos en el mes de octubre de 2024, por concepto de “Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente”, pero la entidad fiscalizada no proporcionó documentos justificantes como pueden ser pedido o contrato con el proveedor en el que se especifique el concepto, objeto, vigencia, importe total, fecha y condiciones de pago, constancia de recepción de los bienes, evidencia fotográfica de la recepción de los bienes, bitácora del destino dado a los bienes, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con los solicitado, ni documento que justifique la obligación de pago y destino final del gasto.
– Se detectó que se realizaron pagos por $155 mil 996.40 pesos en los meses de noviembre y diciembre de 2024, por concepto de “Gasto de orden social y cultural G. Corriente” y “Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente”, pero la entidad fiscalizada no proporcionó documentos justificantes como pueden ser solicitud del área municipal correspondiente, orden de compra, pedido o contrato con los proveedores en los que se especifique el concepto, objeto, vigencia, importe total, fecha y condiciones de pago, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) vigentes, orden de pago, constancia de recepción de los bienes, reporte fotográfico de la recepción de los bienes y de el/los evento (s) en donde se utilizó el mobiliario rentado, bitácora del destino dado a los bienes, relación de el/los evento(s) en donde se utilizó el mobiliario rentado, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica de los proveedores para cumplir con lo solicitado, ni documento que justifique la obligación de pago y destino final del gasto.
– Se detectó que se realizaron pagos por $36 mil 427 pesos en el mes de octubre de 2024, por concepto de “Ayudas sociales G. Corriente”, pero la entidad fiscalizada no proporcionó documentos justificantes como pueden ser solicitud de apoyo, recibo oficial de tesorería municipal en el que conste el folio, nombre de la persona que recibe el apoyo, la fecha, cantidad otorgada y estar suscrito por el beneficiario y por las autoridades municipales correspondientes, acompañado con copia de la identificación oficial del beneficiario, entre otros documentos que se deban entregar dependiendo del tipo de ayuda entregada, ni documento que justifique la obligación de pago y destino final del gasto.
