La agrupación Ciclo Turixes solicitó al Gobierno de Yucatán la suspensión inmediata de toda obra o intervención física en Paseo de Montejo que implique el retiro o modificación de islas de resguardo, jardineras, bolardos o reductores de velocidad, hasta contar con una evaluación técnica que garantice la seguridad vial de peatones y ciclistas.
La agrupación emitió un comunicado dirigido al Ejecutivo estatal, en el que expresó su “profunda preocupación” respecto a la posible eliminación de estos elementos con el fin de “agilizar el tráfico vehicular”.
“Los arriates y jardineras cumplen funciones esenciales de seguridad vial, calmado de tráfico y protección de peatones y ciclistas”, señaló la organización.
En su posicionamiento, precisó que cualquier modificación debe apegarse estrictamente al marco técnico y jurídico aplicable, y advirtió que la remoción de dichos elementos sin un dictamen técnico “vulneraría los derechos a la movilidad segura reconocidos en la Constitución y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV)”.
El colectivo recordó que esta ley establece que las autoridades deben privilegiar a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público por encima del automóvil particular, y que los dispositivos de resguardo y amortiguamiento “no son obstáculos, sino infraestructura de seguridad obligatoria”.
También citaron la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023, que exige zonas de resguardo con separación lateral mínima y vegetación urbana para mitigación térmica y ambiental.
En su solicitud, Ciclo Turixes pidió además que se convoque a una mesa técnica interinstitucional con participación de ciudadanía organizada, academia y dependencias como el Ayuntamiento de Mérida, IMDUT, INAH, ATY, INCAY y SSP.
“Es necesario que cualquier modificación al Paseo de Montejo sea producto de un consenso técnico y ciudadano, no de decisiones unilaterales”, indicó el colectivo.
La agrupación también demandó transparencia respecto a los detalles del proyecto anunciado, su fundamento legal y los estudios técnicos que lo sustenten.
Enfatizó que el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) es la autoridad competente para autorizar cualquier intervención en infraestructura vial, conforme a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán.
Finalmente, Ciclo Turixes reiteró su disposición para colaborar en proyectos urbanos sustentables y seguros.
“Nuestro interés es que toda acción se realice conforme a la ley y en protección del derecho humano a la movilidad segura. La movilidad y la seguridad vial no son simples temas de tránsito, sino derechos humanos fundamentales vinculados al bienestar, la salud y el medio ambiente sano”, concluyó.
