El señor Gustavo N. solo puede convivir con su hija bajo visitas supervisadas, mientras cada mes desembolsa una pensión de 50 mil pesos impuesta por el juzgado.
En contraste, la madre disfruta de vacaciones en Miami, mientras la menor permanece en Mérida. El padre, que cumple puntualmente con su obligación alimentaria, vive con la incertidumbre: ¿Quién está al cuidado de su hija mientras su mamá se encuentra fuera del país?
“El derecho alimentario debe usarse para proteger al menor, no para castigar a los padres que cumplen. Mi cliente paga con responsabilidad, pero aun así se le limita lo más importante: el derecho a convivir con su hija. Esa restricción resulta injustificada y profundamente dolorosa para cualquier padre responsable”, afirmó el abogado Rubén Osorio Paredes, quien subrayó la falta de equilibrio en este caso.
Las imágenes difundidas en redes han encendido la indignación social: un padre que cumple con creces no puede ejercer su paternidad de manera plena, mientras su hija permanece en Mérida y su madre vacaciona en Miami.
“Mi cliente se encuentra atado de manos. Se le impone una pensión que no corresponde con la realidad económica declarada y, al mismo tiempo, se le restringe la convivencia con su hija. Esto no es justicia, es un desequilibrio que lastima directamente el interés superior de la menor”, recalcó el abogado Rubén Osorio Paredes.
El caso, bajo la responsabilidad del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar y de la jueza Cristina Ancona Ruz, ha encendido el debate en Yucatán.
Este caso ya no es solo un asunto privado: se ha convertido en un símbolo de cómo la justicia familiar puede volverse injusticia. La sociedad yucateca exige respuestas y equilibrio.
