La designación por “dedazo” del todavía Magistrado Luis Armando Mendoza Casanova como Juez de Control Penal significa una nueva traición a las mujeres yucatecas y un retroceso a la impartición de justicia, perpetrado por la actual presidenta del Poder Judicial de Yucatán, María Carolina Silvestre Canto Valdés.
Así lo manifestó la secretaria general del Sindicato Progresista, Luisa Inés Martín Puc, quien lamentó que en sus últimos días como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, dicha Magistrada se siga conduciendo bajo los intereses del exgobernador Mauricio Vila Dosal, quien a todas luces protege a Mendoza Casanova.
“Bajo el cobijo del exgobernador panista, Luis Armando Mendoza fue nombrado Consejero de la Judicatura, Magistrado del Tribunal Superior y ahora le regalen una nueva posición en el sistema judicial, a pesar de sus antecedentes de violencia y de no tener la capacidad de impartir justicia con perspectiva de género y de Derechos Humanos”, sentenció.
La dirigente sindical precisó que el nuevo nombramiento sería ilegal, ya que de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, una causal de separación del servidor público a la carrera judicial es la renuncia, lo que se concretó el día primero de diciembre del 2023 cuando Mendoza Casanova presentó un escrito ante el Congreso del Estado para manifestar su renuncia como Consejero de la Judicatura para convertirse en Magistrado.
Es decir, renunció a la carrera judicial y por lo tanto no está cumpliendo con el ordenamiento legal todavía vigente relativa a las convocatorias para el nombramiento de jueces.
“No está cumpliendo con el actual requisito de carrera judicial. No hay fundamento legal para ser nombrado juez y mucho menos fue votado por la ciudadanía para ocupar esa posición, ya que será hasta el año 2027 cuando se realice el proceso electoral para nombrar a los futuros jueces”, remarcó.
Luisa Martín sostuvo que el retorno o nombramiento como Juez de Control avalado por la Magistrada Presidenta María Carolina Canto y los dos consejeros Álvaro Juanes Laviada y Claudia Ileana Pedrero Irabien, es a todas luces contrario a Derecho.
“Estamos ante el peor cierre de una administración del Poder Judicial, que aunque fue efímera, sí provocó daños a la base trabajadora y a la sociedad yucateca. No entendemos por qué si la actual legislatura del Congreso del Estado desechó por unanimidad la candidatura de Mendoza Casanova en la elección judicial pasada, ahora la Magistrada Presidenta y los otros Consejeros realizaron este nombramiento arbitrario y por dedazo”, subrayó.
La secretaria general del Sindicato Progresista se preguntó qué favores le estarán pagando a Mendoza Casanova que lo están blindando con esta nueva designación, a pesar de sus oscuros antecedentes.
Por último, manifestó su respaldo total a los Consejeros María Ely Farfán Flores y Niger Desiderio Pool Cab, quienes a pesar de la presión que debieron enfrentar, no sucumbieron al capricho y votaron en contra de este infame nombramiento. Dijo que la historia de lucha en Yucatán no olvidará su valentía y apoyo a la sociedad para tratar de evitar que las personas con antecedentes de violencia lleguen a los puestos de poder.
