TEEY EMITE RESOLUCIONES POR USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DURANTE ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán resolvió tres asuntos, entre los que destacaron los Procedimientos Especiales Sancionadores PES-001/2025 y PES-002/2025, relacionados con conductas que vulneraron los principios rectores del Proceso Electoral Extraordinario 2025 para elegir integrantes del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

En el PES-001/2025, instruido en la ponencia de la Magistrada María Elena Achach Asaf, se determinó que la ciudadana Graciela Alejandra Torres Garma, Magistrada Primera en funciones y entonces candidata a la Primera Magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, incurrió en uso indebido de recursos públicos e imagen institucional al haber difundido en redes sociales contenido proselitista grabado en espacios de acceso restringido del Poder Judicial.

De igual forma, en el PES-002/2025, elaborado en la ponencia del Magistrado Fernando Javier Bolio Vales, se acreditó que el ciudadano Mario Israel Correa Ríos, Magistrado Séptimo del mismo Tribunal y entonces candidato a la Novena Magistratura, realizó actos similares que constituyeron promoción personalizada con fines electorales, vulnerando los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda.

En ambos casos, el Pleno impuso como sanción una amonestación pública, al considerar que se trató de una falta leve ordinaria, no reiterada, y que dicha medida resulta adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva.

Asimismo, se ordenó informar de ambas resoluciones al titular de la Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda, conforme a sus atribuciones.

En otro asunto relevante, instruido también en la ponencia de la Magistrada María Elena Achach Asaf, el Pleno resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales JDC-043/2025, promovido por la ciudadana Eneida Noemí López Escamilla, en contra del Presidente Municipal, Tesorero y Cabildo del H. Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán. Se acreditó que se violaron sus derechos político-electorales debido a la omisión del pago correspondiente al salario mínimo vigente durante el desempeño de su cargo de Comisaria Municipal, así como a su remoción ilegal y arbitraria sin procedimiento ni garantía de defensa.

El Tribunal ordenó el pago retroactivo de los salarios adeudados, la restitución en el cargo de Comisaria Municipal con todos sus derechos y atribuciones, y dejar sin efectos la sesión de Cabildo donde se aprobó su remoción y la convocatoria para nueva elección. Además, exhortó a la autoridad municipal a apegarse a la legalidad en futuros actos.