Desde los primeros días de la actual administración, se detectó que el Registro Civil de Yucatán expedía actas de nacimiento falsas a indocumentados centroamericanos.
Las actas eran impresas en papel oficial y generadas a través del sistema del Registro Civil, pero con datos falsificados.
Debido a la naturaleza del procedimiento, solo ciertos funcionarios con acceso al software podrían haberlas emitido.
Actualmente, se investiga a varios empleados que accedían al sistema de manera remota desde sus domicilios.
Entre los implicados se encuentra el actual regidor del Ayuntamiento de Mérida, Juan de Dios Colli Pinto, quien dirigió el Registro Civil de Yucatán en la administración anterior.
El hallazgo de estas actas fraudulentas ocurre en un contexto de tensas relaciones con Estados Unidos debido al tráfico de personas.
La denuncia penal podría presentarse en cualquier momento ante la Fiscalía General de la República, ya que el tráfico de indocumentados es un delito de orden federal.
Si se comprueba la participación de funcionarios del Registro Civil de Yucatán, los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión y multas de 100 a 10,000 días de salario mínimo.
Según la ley, incurre en tráfico de personas quien, por cuenta propia o a través de terceros, intente trasladar o traslade a extranjeros a otro país sin la documentación requerida.
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