Necesario una debate antes de aprobar la Ley de Seguridad Interior: Codhey

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se suma al llamado de la CNDH, ONU Derechos Humanos y de los organismos públicos de derechos humanos del país, de ampliar el debate y la discusión sobre el modelo de seguridad en México, antes de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior.

La Codhey, como los organismos internacionales, nacionales y sus homólogos estatales, considera necesario establecer un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.

El llamado al Estado Mexicano es a escuchar las todas las voces que se han manifestado sobre el riesgo que existe de que, algunos puntos del proyecto de Ley de Seguridad Interior pueda vulnerar los derechos humanos de los mexicanos.

Por lo que es indispensable concretar una deliberación amplia e inclusiva, que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos hechos por organismos nacionales e internacionales que tiene como único fin, que se cumpla el respeto a las libertades y a la dignidad humana.

Se considera innecesario apresurar la aprobación, sin el consenso de la sociedad, del proyecto de dicha ley para antes de que culmine el periodo legislativo este 15 de diciembre.

El exhorto es respetuoso y firme para ampliar su debate y discusión, a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada.

El país enfrenta un gran desafío en materia de seguridad y cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad.

Se debe considerar, la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos.

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