En lo que va del año, en México se han registrado dos mil 882 mujeres víctimas de muertes violentas, de acuerdo con cifras del Observatorio Todas México, citadas por María Eugenia Núñez Zapata, integrante de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY).
“Es una cifra espeluznante, porque contradice todos los discursos políticos de quienes, en el poder, deberían estar ocupados en reducir estas cifras que marcan a México como un país peligroso para la vida de las mujeres”, abundó la activista por los derechos de la mujer.
En Yucatán, de enero a septiembre de 2023, los feminicidios se han registrado 10, es decir, se duplicaron en comparación con el año pasado que fueron cinco.
“La autoridad hay caso que desecha como feminicidio, no va con el criterio nuestro del Observatorio”, señaló.
Añadió: “Esto demuestra que son casos extremos de la violencia intrafamiliar que sufren muchísimas más mujeres que se reportan o muchas más mujeres que se reportan al 911. A diferencia de 2022, que fueron cinco feminicidios, ahora vamos 10 feminicidios. Esto debería considerarse una alerta por el incremento de los casos de feminicidios en Yucatán”.
Algunos casos de muertes violentas, que las autoridades no calificaron de feminicidio, fue Yeimi Berenice Lavadores Canul, de 25 años y oriunda de Mérida, quien fue reportada por su madre como desaparecida el 4 de enero tras una llamada de su jefe Joshua “N”, quien la citó en una plaza comercial en el oriente de la ciudad. El cadáver apareció el 7 de enero en un pozo de un terreno de la colonia San José Tecoh.
La investigación debió realizarse como presunto feminicidio, pero tras la orden de aprensión contra el agresor, éste fue alertado y huyó de Yucatán para ser encontrado sin vida en un motel de Ecatepec, Estado de México. “Mata a su esposa y no lo documentan como feminicidio, porque no sucedió en Yucatán, pero es una yucateca (Jacqueline) que fue matada”, relató.
Las activistas también exhortaron al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán para que revisen los tiempos de cumplimiento de los jueces y como sucedió con el caso del juez Antonio Bonilla Castañeda no sean ratificados aquellos jueces con un largo historial de revictimización en contra de las mujeres, hacia los hijos, madres y familias de estas mujeres por los juicios tan prolongados.
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