El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán admitió una demanda de amparo y concedió la suspensión provisional para que las autoridades ambientales paralicen el funcionamiento de la granja porcícola ubicada en el kilómetro cuatro de la carretera Chapab-Ticul, perteneciente a la “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán”, la cual tiene una producción aproximada de 50 mil cerdos.
En un comunicado habitantes del municipio de Chapab manifiestan su inconformidad con el impacto ambiental que está provocando esta megagranja porcícola en su territorio.
“El pueblo maya ha sido motivado a demandar por la contaminación del aire ante los olores desagradables dentro del municipio, así como de la destrucción de flora por el vertimiento de aguas residuales provenientes de una granja porcícola”, señalan.
Por ello, realizaron solicitudes de información a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) para saber si la granja contaba con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) necesaria para operar legalmente. La SDS respondió que la información se encuentra reservada y aún sujeta a evaluación, por lo que no podía entregarla.
La comunidad alega estar inconforme con la contaminación ambiental y el uso indebido de sus tierras, sumado a que las autoridades les han negado información. Como consecuencia, el pasado diciembre de 2020, más de cien personas de la comunidad, incluyendo niños, niñas y adultas mayores, decidieron promover un juicio de amparo por violaciones a su derecho al medio ambiente sano.
En ese tenor, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán decidió conceder la suspensión provisional para efectos de que las autoridades ambientales, incluyendo a la SDS, paralicen las actividades de la granja en tanto se esclarece la existencia de permisos en materia ambiental.
Con esto, indica el comunicado, “las personas de la población y las agrupaciones que los acompañamos esperamos que se mantenga la suspensión provisional y el Juzgado conceda la definitiva. Asimismo, instamos a las autoridades estatales y federales a cumplir con las resoluciones judiciales”.
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